Las relaciones entre Colombia y Bolivia entraron en un periodo de tensión diplomática luego de que el gobierno boliviano expulsara a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García Carrillo, tras acusar al presidente Gustavo Petro de interferir en asuntos internos del país.
La Cancillería de Bolivia declaró a la diplomática “persona non grata”, una decisión que obliga a su salida inmediata del territorio boliviano. Según el gobierno del presidente Rodrigo Paz, las recientes declaraciones del mandatario colombiano sobre la situación política y las protestas en Bolivia constituyen una injerencia que afecta la soberanía nacional.
El conflicto se originó después de que Gustavo Petro se pronunciara públicamente sobre la crisis social en Bolivia, expresando preocupación por las protestas y sugiriendo la necesidad de un diálogo político. Además, sus comentarios sobre actores políticos bolivianos generaron rechazo en La Paz, que consideró estas declaraciones como inapropiadas.
En respuesta, el gobierno colombiano activó el principio de reciprocidad diplomática y ordenó la salida del encargado de negocios de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, como medida equivalente.
Pese a este intercambio de decisiones, ambos países han evitado romper completamente las relaciones diplomáticas. Las embajadas continúan operando, aunque en un ambiente de tensión y con comunicación limitada entre los dos gobiernos.
Expertos en relaciones internacionales advierten que este episodio podría afectar la cooperación bilateral en temas clave como comercio, migración y coordinación regional dentro de organismos sudamericanos. Sin embargo, también señalan que este tipo de crisis suelen abrir espacios para negociaciones que permitan restablecer el diálogo.
Por ahora, tanto Bogotá como La Paz mantienen posiciones firmes, mientras la comunidad internacional observa con atención la evolución del conflicto diplomático.
