La Alcaldía de Bogotá avanza en la elaboración de un nuevo decreto que busca reorganizar el uso del espacio público en la ciudad y establecer reglas más claras para la actividad de los vendedores informales, en medio de un debate sobre el equilibrio entre el derecho al trabajo y el orden urbano.
El borrador de la normativa plantea modificar las condiciones actuales para el aprovechamiento económico del espacio público, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la convivencia ciudadana, sin desconocer la importancia de la economía informal para miles de familias.
Entre las principales medidas se encuentra la realización de una caracterización detallada de los vendedores y la elaboración de una cartografía del espacio público, que permitirá definir cuántas personas pueden ejercer esta actividad en cada zona de la ciudad.
Además, el Distrito contempla la creación de “Zonas de Manejo Especial”, en las que estaría prohibida la venta informal por razones de seguridad y orden público. Estas áreas serían definidas en conjunto con autoridades locales y la Policía, y podrían ajustarse según las necesidades de cada sector.
El decreto también establece que entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Instituto para la Economía Social (IPES) serán responsables de determinar los límites de ocupación y de coordinar procesos de reubicación, evitando la sobrecarga en andenes y espacios urbanos.
No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos desde algunos sectores políticos, que advierten posibles impactos sociales, como la exclusión de vendedores y afectaciones a su sustento, debido a mayores controles y restricciones en el uso del espacio público.
En este contexto, la discusión sobre el decreto se mantiene abierta, mientras la administración distrital busca avanzar en una propuesta que logre conciliar el ordenamiento del espacio público con la protección de una población que depende de la informalidad para subsistir.
