La decisión del Estado Mayor Central de vetar el ingreso de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo ha sumido a las zonas de conflicto en un estado de vulnerabilidad sin precedentes. Al acusar a estas misiones de asistencia de «filtrar información» para el Ejército, el grupo de ‘Iván Mordisco’ ha levantado una barrera que impide cualquier labor de verificación independiente. Esta maniobra de aislamiento deja a los habitantes a merced de las arbitrariedades de la estructura guerrillera, sin posibilidad de elevar quejas ante la comunidad internacional por los abusos sufridos.
Uno de los mayores riesgos advertidos es la «invisibilización» de la violencia. Sin delegados de protección en el terreno, hechos traumáticos como el reclutamiento de menores o los desplazamientos forzados dejan de ser documentados, lo que impide la activación de alertas tempranas. El experto Néstor Rosanía señala que los civiles quedan atrapados en un déjà vu histórico de enfrentamientos, donde la falta de vigilancia facilita que el grupo armado imponga su ley a través del miedo y el control social absoluto.
El papel de las instituciones colombianas es ahora más crítico que nunca. Existe una obligación constitucional de combatir estas estructuras y recuperar el control territorial real, más allá de los debates políticos en Bogotá que tienden a ideologizar el conflicto. La guerra en las regiones supera las banderas de izquierda o derecha; lo que las comunidades exigen es el derecho a vivir tranquilos. La restauración del acceso para las misiones de apoyo es fundamental para garantizar que el Estado no ceda su responsabilidad de proteger a los ciudadanos ante el avance de las soberanías ilegales.
