El Emisor cuestiona decreto del Gobierno y alerta posibles riesgos legales y financieros
El Banco de la República lanzó una advertencia sobre el proyecto de decreto que propone trasladar los ahorros pensionales desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones, señalando que esta medida no está autorizada por la legislación vigente en Colombia.
Según el concepto técnico enviado al Ministerio del Trabajo, la iniciativa excedería las facultades reglamentarias del Gobierno, ya que pretende modificar disposiciones que solo pueden ser cambiadas mediante una ley aprobada por el Congreso.
Traslado anticipado de recursos sería ilegal
El punto central de la controversia es que el decreto plantea que las AFP transfieran la totalidad de los ahorros —incluyendo rendimientos— de los afiliados que decidan cambiarse al régimen público.
Sin embargo, el Banco de la República recordó que la normativa actual establece que esos recursos deben permanecer administrados por las AFP hasta que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse. Por esta razón, el traslado anticipado no tendría sustento legal.
Además, el Emisor enfatizó que la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) aún enfrenta incertidumbre jurídica, ya que parte de sus disposiciones están suspendidas mientras la Corte Constitucional define su validez.
Impacto en el sistema financiero
Otro de los puntos clave señalados por el Banco es el posible impacto económico que generaría un traslado masivo de recursos.
Los fondos privados administran grandes inversiones en activos financieros, especialmente en títulos de deuda pública (TES). Un movimiento acelerado de estos recursos podría afectar la liquidez del mercado, las tasas de interés y la estabilidad del sistema financiero.
Falta de condiciones operativas
El Banco de la República también advirtió que aún no están listas las condiciones institucionales para realizar este traslado, como la entrada en funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
En ese contexto, la entidad recomendó mantener el esquema actual hasta que exista claridad jurídica y operativa, evitando decisiones que puedan generar incertidumbre en el sistema pensional.
