El gobierno de Gustavo Petro concluye hoy dejando un país más endeudado, con indicadores económicos negativos, con un sistema de seguridad muy debilitado, aumento de criminalidad de grupos irregulares, y una de las mayores crisis del sistema de la salud. De los 9 sectores analizados de este cuatrienio solo registró saldos positivos en 3 aspectos: política social, reducción de pobreza y empleo.
ECONOMÍA: Menos pobreza, más déficit y deuda
La economía perdió impulso
- En el año 2022 el crecimiento económico fue de 7%, y al cierre de este cuatrienio la economía desaceleró su ritmo cerró cerca del 2,6%, afectada por la caída de la inversión pública y privada.
• Tras crecer más del 7% en 2022, la economía desaceleró su ritmo y cerró cerca del 2,6% en 2026, afectada por la caída de la inversión pública y privada.
Menos desempleo, pero persiste la informalidad
• El desempleo bajó del 11% en 2022 a menos del 9% en 2026.
• La pobreza cayó del 36,6% al 28% en 2025, permitiendo que 1,8 millones de personas salieran de esa condición.
• Sin embargo, la informalidad laboral continuó alta y alcanzó el 55% de los trabajadores.
Inflación y costos afectaron el empleo
• La inflación descendió, pero se mantuvo en 5,7%, presionando el costo de vida y las tasas de interés.
• El aumento del 23,7% del salario mínimo elevó los costos empresariales y frenó la generación de empleo formal.
SEGURIDAD: Más grupos armados y mayor violencia
La seguridad terminó siendo uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno de Gustavo Petro. Entre 2022 y 2026, el país registró cerca de 54.866 homicidios, más que en los dos gobiernos anteriores en períodos comparables. A esto se sumó el aumento de ataques de grupos armados contra la Fuerza Pública, pasando de 460 durante el gobierno de Duque a 1.102 acciones contra militares y policías durante el gobierno de Petro. Durante este cuatrienio también se registró el fortalecimiento de estructuras ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El reclutamiento forzado de menores también se disparó, según Naciones Unidas este delito se disparó 300 % en cinco años.
EDUCACIÓN: Inversión sin calidad
El gobierno de Gustavo Petro dejó como balance educativo una fuerte apuesta por la inversión y el acceso, pero también varios desafíos pendientes. El presupuesto llegó a $88,2 billones en 2026, un aumento real del 39,1 % frente a 2022; la gratuidad universitaria alcanzó al 97 % de estudiantes y más de 425.000 jóvenes ingresaron a la educación superior. Sin embargo, persistieron problemas como la calidad educativa, los bajos resultados en pruebas de aprendizaje, la brecha entre colegios urbanos y rurales, la deserción escolar, retrasos en infraestructura, ejecución de megacolegios, y dificultades en algunos programas de alimentación escolar.
SALUD: Crisis sin cura
Más presupuesto, más problemas: El gasto en salud pasó de $41 billones a $71 billones, pero aumentaron las quejas por medicamentos y demoras en la atención.
EPS bajo la lupa: Varias entidades, entre ellas Nueva EPS, fueron intervenidas por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio.
Corrupción en investigación: Procesos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos afectaron la confianza en el sistema de salud.
Déficit disparado: El déficit de las EPS aumentó de $2,33 billones en 2022 a $18,7 billones en 2026.
Más de un millón afectados: La liquidación e intervención de varias EPS dejó a muchos afiliados con problemas para acceder a los servicios de salud.
INFRAESTRUCTURA: Obras con hueco y sin terminar
El gobierno de Gustavo Petro dejó un cierre polémico en infraestructura. El equipo de empalme de Abelardo de la Espriella pidió frenar contratos de Invías por $3,2 billones, correspondientes a 10 obras y seis interventorías adjudicadas pocos días antes del cambio de gobierno. Según la nueva administración, estos comprometen vigencias futuras hasta 2035, reduciendo la capacidad financiera del próximo mandato. Además, varios proyectos nacionales quedaron con retrasos y obras pendientes de terminar. El gobierno entrante anunció una revisión técnica, jurídica y financiera de todos los contratos, mientras expertos advierten que los atrasos en infraestructura afectan la competitividad, la movilidad y el desarrollo económico del país.
MINAS E HIDROCARBUROS: Sector pierde impulso
Durante el cuatrienio del gobierno calificado de izquierda, el sector de energía, minas e hidrocarburos terminó con fuertes cuestionamientos por la caída de la confianza inversionista. La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas marcó el cuatrienio, mientras la producción se mantuvo estable gracias a contratos anteriores. Aunque el Gobierno defendió la transición energética, varios proyectos renovables avanzaron con demoras. Adicionalmente durante la gestión de Ricardo Roa Ecopetrol registró saldos negativos. Expertos advierten que la menor exploración podría comprometer la autosuficiencia energética y los ingresos futuros del país.
AGRÍCOLA: Promesas sin cumplir
A pesar de que el gobierno saliente aumentó el presupuesto para el sector agropecuario en 139%, hubo un importante rezago en una de sus principales promesas: la legalización de predios rurales. Durante los cuatro años solo se formalizaron 1,5 millones de hectáreas, equivalente al 38 % de la meta fijada de más de 3,9 millones de hectáreas. A esto se suma que la compra de tierras para la Reforma Agraria apenas alcanzó cerca del 15 % del objetivo previsto. Gremios del sector señalaron que el aumento de los recursos no se tradujo en mejores resultados para el acceso y la seguridad jurídica de la tierra.
POLÍTICA SOCIALES: su bandera, pero incompleta
Petro termina su mandato con fuertes cuestionamientos sobre sus políticas para la población vulnerable. Aunque el DANE reportó una reducción de la pobreza monetaria, expertos advierten que millones de colombianos siguen en condición de vulnerabilidad y que varios programas sociales enfrentan problemas de sostenibilidad. También hubo retrasos en la entrega de subsidios y cambios en la focalización de beneficiarios. A esto se suma que, según la Contraloría, aunque FonIgualdad recibió $1,9 billones, solo se pagó el 3,08 % de esos recursos y apenas 12 de los 25 programas previstos estaban en ejecución. Además, el Ministerio de la Igualdad terminó en proceso de liquidación, dejando incertidumbre sobre la continuidad de cerca de 30 programas sociales.
POLÍTICA EXTERIOR: ruptura Total con EE.UU.
Las diferencias entre Gustavo Petro y Donald Trump marcaron el último tramo de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Los desacuerdos por la lucha contra el narcotráfico, la política exterior y la seguridad escalaron hasta que, en octubre de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Petro en la lista OFAC, también conocida como Lista Clinton, junto con otros miembros de su círculo cercano. La sanción restringió operaciones con el sistema financiero de Estados Unidos y generó un fuerte choque diplomático. Durante 2026, Petro adelantó gestiones para lograr su retiro del listado, aunque sin resultados oficiales hasta el final de su mandato.
POLITICA MIGRATORIA: Petro mantuvo beneficio migratorio de Duque
La política migratoria del gobierno de Gustavo Petro tuvo como principal eje la continuidad del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), una estrategia creada durante la administración de Iván Duque y cuya implementación siguió entre 2022 y 2026. Según cifras publicadas por la Presidencia de la República, entre agosto de 2022 y julio de 2026 fueron expedidos más de 1,44 millones de Permisos por Protección Temporal (PPT), con lo que el total de documentos entregados desde la creación del programa superó los 2,32 millones.
El Gobierno destacó que el PPT permitió a miles de migrantes acceder al empleo formal, los servicios de salud, la educación, la bancarización y otros trámites del Estado. Además, durante este cuatrienio puso en marcha el PPT Tutor, un permiso dirigido a padres, madres, acudientes y custodios de niños, niñas y adolescentes venezolanos regularizados, con el fin de facilitar su permanencia legal y el acceso a derechos.
Otra de las apuestas del Gobierno fue impulsar programas de integración para la población migrante a través del Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, tras los cambios institucionales y el relevo de gobierno, estas iniciativas permanecen a la expectativa sobre su continuidad, mientras las organizaciones que trabajan con población venezolana esperan definiciones sobre su futuro.
Pese a estos avances, diversos analistas y medios de comunicación señalaron que la política migratoria perdió protagonismo durante el cuatrienio, se registraron demoras en algunos procesos de regularización y persistieron cuestionamientos por la capacidad institucional de Migración Colombia para responder a la demanda. Aunque la administración Petro introdujo medidas complementarias como el PPT Tutor, el principal instrumento de regularización siguió siendo el Estatuto Temporal de Protección creado durante el gobierno de Iván Duque
La corrupción, el mayor escándalo del cuatrienio
Saqueo en la UNGRD:
- El escándalo estalló por la compra de 40 carrotanques para La Guajira con presuntos sobrecostos por más de $20.000 millones.
- Fueron congresistas, exministros y otros altos funcionarios. El caso derivó en capturas, imputaciones y procesos disciplinarios.
Campaña cuestionada
- El hijo mayor del presidente, Nicolas Petro, fue investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- Day Vásquez, exesposa de Nicolás aseguró que Nicolás Petro recibió dinero de personas cuestionadas para la campaña presidencial de 2022 y no lo reportó oficialmente.
- El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía investigaron presuntas irregularidades en la financiación y posibles excesos en los topes de campaña.
- El entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, también enfrentó investigaciones relacionadas con la campaña.
Polígrafo e interceptaciones
- La exniñera de Laura Sarabia denunció haber sido sometida a un polígrafo por la desaparición de unos 7.000 dólares.
- También se investigó el uso de interceptaciones telefónicas ilegales («chuzadas») y presuntos abusos de poder desde la Casa de Nariño.
Nombramientos y presunto nepotismo
- Diversas denuncias señalaron posibles favorecimientos en contrataciones y nombramientos de personas cercanas al Gobierno en entidades públicas.
- Algunos de estos casos son investigados por posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
- 65 ministros ocuparon las 19 carteras del Gobierno (incluyendo titulares y encargados).
- 140 viceministros pasaron por las diferentes entidades del Ejecutivo.
