Este martes 20 de enero, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció la intensificación de sus operativos de vigilancia, seguimiento y control ambiental sobre fuentes hídricas estratégicas del departamento, reforzando acciones preventivas y sancionatorias contra actividades que amenacen la calidad del agua, afecten ecosistemas acuáticos, o comprometan el abastecimiento hídrico de comunidades urbanas y rurales que dependen vitalmente de estos recursos.
Esta decisión responde a múltiples factores: el incremento documentado de actividades productivas sin permisos ambientales en zonas de protección de cuencas abastecedoras, denuncias ciudadanas cada vez más frecuentes sobre contaminación de quebradas y ríos, hallazgos preocupantes en monitoreos técnicos de calidad del agua que revelan presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos por encima de límites permisibles, y la necesidad de garantizar sostenibilidad de largo plazo de los ecosistemas hídricos ante presiones antrópicas crecientes derivadas del aumento poblacional, expansión urbana descontrolada, intensificación agrícola y ganadera, y desarrollo industrial.
Los operativos de la CAR se concentrarán especialmente en la cuenca alta del río Bogotá, considerada de importancia estratégica crítica porque abastece de agua potable a más de 10 millones de personas en Bogotá y municipios circunvecinos, y en cuencas menores que proveen agua a acueductos municipales y veredales de poblaciones más pequeñas. Las inspecciones técnicas verificarán cumplimiento de permisos de vertimiento, uso adecuado de concesiones de agua, manejo apropiado de aguas residuales industriales y domésticas, respeto de las rondas hídricas (zonas de protección obligatoria a lado y lado de cauces), y ausencia de actividades prohibidas como minería ilegal, tala de bosques protectores, construcciones no autorizadas en zonas de riesgo, y disposición inadecuada de residuos sólidos.
Uno de los focos principales de preocupación son los vertimientos no autorizados de aguas residuales industriales que frecuentemente contienen sustancias químicas tóxicas, metales pesados, solventes orgánicos, residuos de procesos productivos y otros contaminantes que generan impactos ambientales severos sobre los ecosistemas acuáticos, matan peces y otros organismos, imposibilitan el uso del agua para consumo humano incluso con tratamiento, y generan olores desagradables que afectan la calidad de vida de comunidades ribereñas.
Otro problema crítico es el vertimiento de aguas residuales domésticas sin ningún tipo de tratamiento previo, práctica lamentablemente generalizada en múltiples municipios y zonas rurales de Cundinamarca que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) o donde las existentes son insuficientes, obsoletas o no funcionan adecuadamente. Estos vertimientos aportan cargas orgánicas enormes a los cuerpos de agua, consumiendo el oxígeno disuelto necesario para la vida acuática, generando eutrofización por exceso de nutrientes, proliferación de algas tóxicas, y condiciones anaerobias que producen malos olores y muerte de fauna.
La contaminación agrícola difusa también representa un desafío mayúsculo. El uso inadecuado o excesivo de agroquímicos (fertilizantes sintéticos, plaguicidas, fungicidas, herbicidas) en cultivos intensivos genera escorrentías durante lluvias que transportan estos químicos hacia quebradas y ríos, contaminando el agua con nitratos, fosfatos, residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados, y otros compuestos tóxicos que afectan la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Adicionalmente, las actividades ganaderas generan contaminación por excretas animales que aportan patógenos fecales, nutrientes excesivos, y sedimentos que colmatan cauces y deterioran hábitats acuáticos.
La CAR está implementando también programas educativos dirigidos a productores agropecuarios, industriales, administradores de acueductos municipales y veredales, y comunidades en general, promoviendo prácticas sostenibles de uso del agua, sistemas de tratamiento de aguas residuales apropiados para diferentes escalas productivas, agricultura con menor dependencia de agroquímicos sintéticos, protección voluntaria de nacimientos y rondas hídricas, y denuncia ciudadana de infracciones ambientales.
La autoridad ambiental ha reiterado su compromiso de ejercer las funciones de policía administrativa que le otorga la ley, aplicando el régimen sancionatorio completo cuando detecte infracciones comprobadas: desde amonestaciones escritas y imposición de medidas preventivas (suspensión de actividades, sellamiento de instalaciones), hasta sanciones económicas millonarias proporcionales al daño causado y a la capacidad económica del infractor. En casos extremos de daño ambiental grave o irreversible, la CAR puede ordenar el cierre definitivo de establecimientos y formular denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por delitos ambientales tipificados en el Código Penal colombiano.
