En medio de las negociaciones que definirán el salario mínimo de 2026, un posible incremento del 10 % vuelve a encender el debate sobre el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y el comportamiento de la inflación. Aunque sindicatos consideran que el aumento es necesario para compensar el encarecimiento del costo de vida, analistas económicos advierten que un ajuste de esa magnitud podría generar nuevas presiones inflacionarias durante el próximo año.
De acuerdo con expertos consultados por diferentes centros de estudio, un aumento del 10 % elevaría los costos laborales de empresas medianas y pequeñas, lo que podría trasladarse a los precios finales de productos y servicios. El impacto sería especialmente visible en sectores intensivos en mano de obra como comercio, vigilancia, construcción y restaurantes.
Otro factor de preocupación es el efecto sobre bienes y tarifas indexadas al salario mínimo, como algunos servicios notariales, cuotas moderadoras y tarifas administrativas. Para los economistas, este mecanismo amplifica el impacto en el índice de precios al consumidor, pues genera ajustes automáticos en rubros clave que afectan a millones de hogares.
Mientras tanto, representantes de los trabajadores insisten en que el aumento es indispensable para recuperar la pérdida de capacidad de compra acumulada en los últimos años y para responder al encarecimiento de alimentos, transporte y arriendos. “El salario mínimo debe reflejar la realidad social del país y garantizar condiciones dignas para las familias de menores ingresos”, sostienen voceros sindicales.
La discusión se da en un contexto en el que el Banco de la República ha reiterado su meta de llevar la inflación al 3 % en el mediano plazo. Por ello, el ajuste del salario mínimo se convierte en una variable crítica para mantener el rumbo de estabilización, según declaró la codirección del banco en recientes intervenciones públicas.
El Gobierno espera lograr un acuerdo entre empresarios y trabajadores en las próximas semanas. Sin embargo, si no hay consenso, tendrá la última palabra para definir el incremento, un anuncio que podría marcar el desempeño económico de 2026.