El inicio de 2026 ha encendido las alarmas en Colombia debido al preocupante aumento de las masacres en distintas regiones del país. Según el Ministerio de Defensa, más de 90 personas fueron asesinadas en homicidios colectivos durante el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 32% frente al mismo periodo de 2025. Esta cifra posiciona el arranque del año como el más crítico de la última década en materia de violencia.
Reporte
Los datos coinciden con los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que documentó 35 masacres con 133 víctimas fatales entre enero y marzo. Estas acciones violentas se registraron en 34 municipios de 17 departamentos, evidenciando una expansión territorial del fenómeno y su impacto a nivel nacional.
Uno de los hechos más impactantes ocurrió el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca. Allí fue asesinada Irma Yulie Erazo Reina, administradora de un establecimiento comercial. Horas después, durante su velorio, dos mujeres más fueron atacadas y asesinadas por otro grupo armado, reflejando la gravedad y el ensañamiento de estos crímenes.
El Ministerio de Defensa reportó 30 masacres con 94 víctimas en el primer trimestre, mientras que Indepaz maneja cifras más altas. Ambas fuentes coinciden en que no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia creciente vinculada a disputas entre grupos armados ilegales por el control de territorios, economías ilícitas y rutas estratégicas.
El análisis histórico refuerza la preocupación. En 2025 se registraron 16 masacres en el mismo periodo, en 2024 fueron 18, y en 2023 se reportaron 27 casos. El aumento en 2026 marca un deterioro significativo en las condiciones de seguridad. Desde 2016 hasta marzo de 2026, Indepaz ha documentado 729 masacres y 2.657 víctimas en todo el país.
Víctimas
Las víctimas incluyen hombres, mujeres y al menos 133 menores de edad, lo que evidencia el impacto indiscriminado de la violencia. Además, cientos de personas no han sido identificadas, lo que agrava la situación humanitaria.
Organismos como la Defensoría del Pueblo han advertido que esta problemática responde a un fenómeno estructural. La presencia de grupos armados ilegales en diversas regiones ha generado formas de control territorial que afectan directamente a las comunidades, imponiendo normas y generando constantes riesgos de violaciones a los derechos humanos.
La violencia no se detiene. Para abril de 2026, Indepaz ya reporta 42 masacres, incluyendo un reciente caso en Guachené, Cauca, donde tres personas fueron asesinadas en un ataque armado. Estos hechos reflejan la continuidad de una crisis que sigue cobrando vidas.
Aunque algunos indicadores muestran reducciones, como el secuestro y ciertos tipos de hurto, otros delitos como la extorsión y la violencia intrafamiliar continúan en aumento. En este contexto, líderes sociales y organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de implementar acciones urgentes y efectivas que permitan frenar la escalada de violencia y proteger a las comunidades en riesgo.
