El deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia ha encendido las alertas de las autoridades, tras registrarse un preocupante incremento de homicidios en lo corrido de 2026. De acuerdo con el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en esta subregión se han contabilizado 70 asesinatos, frente a los 46 reportados en el mismo periodo del año anterior.
Según explicó el oficial, este aumento está directamente relacionado con la intensificación de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales que buscan consolidar el control territorial. En municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal confluyen actores como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc —a través de los frentes 18 y 36— y el ELN, particularmente el frente Héroes de Tarazá.
La complejidad del conflicto se refleja también en el uso de explosivos. En apenas 11 días, tropas del Ejército han logrado desactivar ocho artefactos en zonas rurales del Norte y Nordeste antioqueño, lo que evidencia el alto nivel de riesgo para la población civil y la fuerza pública.
En este contexto, la minería ilegal se ha consolidado como la principal fuente de financiación de los grupos armados, incluso por encima del narcotráfico. Estas estructuras imponen cobros que oscilan entre el 10 % y el 20 % de la producción a los mineros ilegales, fortaleciendo así su capacidad operativa y su dominio en el territorio.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha señalado que el fortalecimiento de estos grupos estaría relacionado con los efectos de la política de “paz total”, la cual —según indicó— ha facilitado su expansión en zonas rurales.
El panorama se ha tornado aún más complejo con la reconfiguración de las disidencias de las Farc. La adhesión del Frente 18 al Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, marca un punto de inflexión en la dinámica del conflicto. Este movimiento ha implicado el traslado de al menos 70 combatientes desde departamentos como Cauca, Nariño y Guaviare, con el objetivo de consolidar corredores estratégicos en zonas como Ituango y el Nudo del Paramillo.
A su vez, la disputa entre facciones ha generado fragmentación, deserciones y reacomodos internos. A este escenario se suma la aparición de nuevos actores armados, como las denominadas Guerrillas Campesinas de los Cabuyos, que han comenzado a ejercer control en áreas urbanas de Briceño mediante patrullajes y extorsiones.
Las consecuencias de esta escalada ya son visibles. El pasado 3 de abril, un atentado con motocicleta cargada de explosivos frente a la estación de Policía de Briceño dejó un uniformado herido y causó daños en la infraestructura, generando temor entre la comunidad.
Aunque el Gobierno Nacional ha rechazado estos hechos y anunció el fortalecimiento de las operaciones militares, el panorama en el Norte de Antioquia continúa siendo crítico, marcado por la convergencia de múltiples actores ilegales, la disputa por economías ilícitas y una creciente volatilidad en el conflicto armado.
