Durante la tercera sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para el control de medicamentos, el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) encendió una nueva alerta por el aumento preocupante en el porcentaje de medicamentos no entregados en el departamento, que pasó del 19% en abril al 31% en junio de este año.
A pesar del seguimiento permanente y las acciones conjuntas con entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las secretarías de salud municipales y las direcciones locales, la situación se sigue agravando. Las medidas implementadas hasta el momento no han logrado frenar el deterioro en la entrega de medicamentos esenciales para la población.
Continuidad
Durante el encuentro, que contó con la presencia de la directora del IDSN, Ana Belén Arteaga, y del funcionario de la oficina jurídica José Luis Ocampo, se evidenció que el problema no se reduce a fallas operativas o coyunturales, sino que obedece a una crisis estructural que compromete seriamente la continuidad en la atención en salud en Nariño.
Uno de los factores más críticos señalados por el Instituto es la deuda acumulada de las EPS con los gestores farmacéuticos, que ya supera los 74 mil millones de pesos. Esta situación ha limitado severamente la capacidad de abastecimiento de medicamentos, especialmente en los municipios más apartados del departamento, donde el acceso a servicios de salud ya es limitado por factores geográficos y sociales.
Según explicaron los voceros del IDSN, el no pago de las EPS ha generado una cadena de incumplimientos que pone en jaque el funcionamiento del sistema farmacéutico, afectando a proveedores, distribuidores y, principalmente, a los pacientes que no pueden acceder a sus tratamientos.
Seguimiento
“La situación es crítica. Estamos haciendo un seguimiento diario, pero sin voluntad de pago real por parte de las EPS, no se puede garantizar la sostenibilidad del sistema. No se trata solo de logística o administración, estamos frente a un problema estructural de financiamiento en el sector salud”, advirtió la directora Ana Belén Arteaga.
A este panorama se suma una nueva y grave advertencia: la posible suspensión de servicios en los hospitales mentales San Rafael y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Estas instituciones, claves en la atención de salud mental en Nariño, enfrentan deudas que alcanzan los 88 mil millones de pesos por parte de las EPS, lo que ha generado problemas graves de liquidez.
Decisiones
“La salud mental no puede seguir siendo relegada. Estamos viendo con preocupación que servicios esenciales podrían dejar de funcionar en cuestión de semanas si no se toman decisiones de fondo. Esto sería un golpe muy duro para la población nariñense, especialmente en un contexto de pospandemia y aumento de trastornos emocionales”, señaló José Luis Ocampo, de la oficina jurídica del IDSN.
Frente a este panorama, el Instituto Departamental de Salud reiteró su compromiso de seguir articulando esfuerzos con los distintos actores del sistema de salud. El objetivo es avanzar hacia soluciones de fondo que respondan con eficacia y urgencia a las necesidades de la población.
El IDSN insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas desde el nivel central del gobierno y reforzar los mecanismos de control a las EPS, que hoy enfrentan fuertes cuestionamientos por su gestión financiera y administrativa. Mientras tanto, miles de ciudadanos siguen esperando sus medicamentos y tratamientos, enfrentando una crisis silenciosa pero devastadora que amenaza con escalar aún más si no se toman decisiones firmes en el corto plazo.