Un brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) encendió las alertas sanitarias en el Centro Penitenciario de Ipiales, luego de que 62 personas privadas de la libertad presentaran síntomas asociados a intoxicación alimentaria.
Atención de emergencia
El secretario de Salud, Víctor Bastidas informó que la emergencia fue atendida de manera inmediata tras el llamado de alerta realizado desde el establecimiento carcelario. La entidad activó los protocolos de vigilancia epidemiológica y solicitó al instituto departamental de salud la toma de muestras biológicas y de alimentos para determinar el origen del brote.
Los análisis confirmaron la presencia de salmonela en productos suministrados durante la jornada en que se registraron los casos, específicamente en carne de cerdo, cebolla y ensalada. Los resultados fueron notificados al operador logístico encargado del servicio de alimentación, contratado por el centro penitenciario, evidenciando incumplimientos a la normatividad sanitaria que representan un riesgo para la población privada de la libertad.
Suspensión de alimentación
Como medida preventiva, el Instituto Departamental de Salud ordenó la suspensión inmediata del servicio de alimentación dentro del centro penitenciario. El levantamiento de esta decisión estará condicionado a la corrección total de los hallazgos, la implementación de planes de mejora y una nueva visita de inspección que certifique el cumplimiento de los estándares de inocuidad alimentaria.
Evaluación técnica
De acuerdo con la evaluación técnica realizada, el operador apenas alcanzaba un 48,5 % de cumplimiento en los requisitos sanitarios exigidos, motivo por el cual continúan los procesos de inspección, vigilancia y control.
Por su parte, el director del establecimiento, Javier Guerrero señaló que desde el momento en que se detectaron los primeros casos se activaron los protocolos internos de atención en salud, garantizando valoración médica, suministro de medicamentos y monitoreo permanente a los internos afectados. Asimismo, indicó que la dirección del penal mantiene coordinación con las autoridades sanitarias y exigirá al operador alimentario la normalización del servicio bajo condiciones seguras para evitar nuevos eventos.
