El 21 de agosto de 2025, Colombia fue sacudida por una escalada de violencia que ha puesto al país al borde del caos y puso en jaque las perspectivas de paz. En menos de 24 horas, se perpetraron dos atentados coordinados y simultáneos: uno en Cali y otro en Antioquia.
En Cali, un camión cargado con cilindros bomba estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando al menos seis civiles muertos y cerca de 70 heridos, entre ellos mujeres embarazadas y niños. El alcalde había advertido que un segundo vehículo explosivo falló al detonar, lo que podría haber provocado una tragedia aún peor.
Horas antes, en un área rural de Amalfi, Antioquia, un helicóptero Black Hawk desplegado en una operación de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado por un dron cargado de explosivos, lo que provocó la muerte de 12 policías y dejó a tres más heridos.
El presidente Gustavo Petro atribuyó ambos ataques a disidencias de las FARC, en particular al Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, y anunció que el EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo pasarán a ser considerados organizaciones terroristas perseguidas internacionalmente.
Como respuesta inmediata, el gobierno nacional lanzó la llamada Operación Sultana, que fortalece con tecnología e inteligencia al “Bloque de Búsqueda” (Search Bloc), unidad clave para capturar cabecillas criminales, e impuso una militarización urgente en Cali para evitar más ataques.
Analistas locales e internacionales advierten que estos hechos representan un retroceso significativo en el proceso de paz liderado por el gobierno de Petro. La estrategia de “paz total”, basada en el diálogo con grupos armados, ha permitido que estas disidencias ganen control en zonas rurales, facilitando su rearmado y expansión. Además, la alta cifra de cultivos de coca —un récord alcanzado en 2023 según la ONU— fortalece dichas organizaciones al financiar sus operaciones criminales.
Este repunte de violencia llega en un contexto político ya convulso, con la reciente asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay y crecientes críticas a la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad.
En suma, estos atentados no solo han dejado un saldo trágico de muertos y heridos, sino que han elevado la tensión nacional y renovado el temor de que Colombia retroceda a épocas de violencia sin control.