Tras permanecer retenidos durante aproximadamente 36 horas en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, fueron liberados los 18 militares que se encontraban en poder de civiles en medio de una situación de alta tensión. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los uniformados se encuentran en buen estado de salud y ya están bajo la protección de las autoridades competentes.
La liberación fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó que el regreso de los militares se logró gracias a una labor humanitaria coordinada entre varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y la Iglesia Católica. Según el ministro, esta articulación institucional fue clave para garantizar un desenlace pacífico y evitar una escalada del conflicto en la zona.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, el jefe de la cartera de Defensa celebró la liberación de los uniformados y destacó su regreso a la libertad, calificándolos como “héroes de la Patria”. Asimismo, reiteró que los militares se encuentran sanos y salvos, y que reciben acompañamiento y protección por parte del Estado.
En su pronunciamiento, el ministro fue enfático en señalar que la Fuerza Pública mantiene presencia en todo el territorio nacional y que el Gobierno no permitirá que comunidades sean instrumentalizadas ni que estructuras armadas ilegales impongan condiciones en ninguna región del país. Subrayó que no existe ningún lugar de Colombia donde la autoridad del Estado esté ausente y reafirmó el compromiso del Gobierno con el control territorial y la seguridad ciudadana.
El ministro también anunció que, a raíz de estos hechos, se iniciarán procesos judiciales para establecer responsabilidades penales. Entre los delitos que serán investigados se encuentran el secuestro, la obstrucción a la función pública y la divulgación de las identidades de los militares retenidos, una acción que, según explicó, puso en grave riesgo sus vidas y favoreció a grupos armados ilegales que operan en la zona.
En ese contexto, Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que el Estado cumplirá con su deber constitucional y que continuará avanzando en el desmantelamiento del ELN y de cualquier otra estructura ilegal que represente una amenaza para la seguridad y el orden público. Recalcó que las autoridades judiciales y de investigación ya asumieron el caso y trabajan para identificar y judicializar a los responsables de la retención.
Finalmente, el ministro cerró su declaración con un mensaje de autoridad y respaldo institucional, afirmando que en Colombia hay institucionalidad, Fuerza Pública y un Estado que hace respetar la ley, dejando claro que este tipo de hechos no quedarán impunes y que el Gobierno mantendrá una respuesta firme frente a cualquier desafío a la autoridad.