La decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el traslado de $5 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones abrió un nuevo debate sobre la aplicación de la reforma pensional y el manejo de los recursos de quienes cambiaron de régimen en los últimos dos años.
Durante una entrevista en 6AM de W Radio, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que la decisión judicial responde a lo establecido en la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381, especialmente en lo relacionado con la llamada “ventana de oportunidad” para traslados de personas próximas a pensionarse.
Según Velasco, la norma permitió que trabajadores a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación pudieran cambiarse excepcionalmente al régimen público administrado por Colpensiones. Sin embargo, aclaró que la misma ley estableció que esos recursos no debían trasladarse de inmediato al sistema público, sino permanecer temporalmente administrados por los fondos privados hasta la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, previsto bajo la supervisión del Banco de la República.
El dirigente gremial explicó que ese fondo aún no existe debido a la suspensión de varios apartados de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, situación que dejó en pausa el proceso de implementación. Por ello, sostuvo que el Consejo de Estado interpretó que los recursos deben continuar bajo administración privada mientras se define el futuro jurídico de la reforma.
Velasco señaló que cerca de 125.000 personas se trasladaron a Colpensiones bajo esta modalidad extraordinaria y que unas 25.000 ya cumplen requisitos para pensionarse. A pesar de ello, insistió en que los recursos acumulados de esos afiliados no pueden moverse todavía al régimen público porque legalmente pertenecen al esquema de ahorro previsto en la reforma.
Frente a las inquietudes sobre cómo se financiarán esas pensiones, el presidente de Asofondos afirmó que Colpensiones cuenta actualmente con ingresos suficientes provenientes de las cotizaciones de quienes recientemente ingresaron al sistema público.
De acuerdo con sus cifras, unas 100.000 personas trasladadas continúan aportando al régimen público y generarían cerca de $600.000 millones este año, mientras que el pago de las pensiones de quienes ya se jubilaron representaría alrededor de $450.000 millones.
“Le alcanza y le sobra”, afirmó Velasco al referirse a la capacidad financiera de Colpensiones para asumir esas obligaciones, en respuesta directa a Jaime Dussán.
El dirigente concluyó señalando que, en caso de requerirse recursos adicionales, la legislación vigente establece que el faltante debe ser cubierto por el Gobierno Nacional mediante el Presupuesto General de la Nación.
