La Policía de Investigaciones de Chile capturó al coronel retirado Nelson Hasse Mazzei en la región sureña de Los Lagos. El tribunal penal condenó previamente al exmilitar por su participación en el asesinato de Víctor Jara durante el régimen de Augusto Pinochet.
Las agencias policiales hallaron al prófugo de 80 años en una propiedad rural del sector de Puyehue. El sujeto evadió el cumplimiento de su pena privativa de libertad dictada definitivamente por la Corte Suprema chilena en 2023.
La magistrada Paola Plaza ordenó el ingreso inmediato del recluso en un establecimiento penitenciario. Los informes judiciales responsabilizan al imputado por delitos de homicidio calificado y secuestro agravado en perjuicio del cantautor y de Littré Quiroga Carvajal.
Investigaciones sobre el asesinato de Víctor Jara
Los registros oficiales señalan que los uniformados trasladaron violentamente a las víctimas hacia los camarines del antiguo Estadio Chile en septiembre de 1973. Agentes estatales propinaron múltiples agresiones físicas antes de causar el deceso del profesor universitario.
Los peritajes forenses contabilizaron cincuenta y seis fracturas óseas y cuarenta y cuatro impactos de proyectil en el cuerpo del músico. Este trágico suceso representa uno de los expedientes más emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos en Sudamérica.
El fallo judicial determinó que Hasse Mazzei integraba la estructura de mando activa en el recinto deportivo. El tribunal acreditó que el condenado portaba armamento de fuego con capacidad suficiente para infligir las lesiones fatales documentadas.
Sentencias judiciales y extradiciones en la causa
La Corte Suprema sancionó a otros siete antiguos integrantes del ejército por su responsabilidad directa en los hechos juzgados. Sin embargo, el exmilitar Hernán Chacón se quitó la vida antes de concretar su detención formal por las autoridades.
Las autoridades estadounidenses tramitaron la extradición del exteniente Pedro Barrientos tras ser condenado en jurisdicción norteamericana. Los tribunales internacionales colaboraron con el sistema judicial chileno para procesar a los autores materiales de la ejecución en Santiago.
Los ministerios públicos coordinan actualmente el traslado del prisionero hacia un centro de reclusión de alta seguridad. Las organizaciones sociales exigen la aplicación estricta de las penas sin beneficios procesales extraordinarios para los responsables.
El Poder Judicial mantiene abiertas diversas investigaciones conexas para esclarecer la totalidad de los abusos cometidos durante la dictadura militar. Las instituciones estatales reafirman su compromiso de sancionar todos los actos de represión política registrados en el país.
