La Asamblea Departamental de Cundinamarca inició su tercer periodo ordinario de sesiones, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, con una agenda legislativa particularmente intensa. Este ciclo concentra atención en dos temas vitales: la aprobación del presupuesto de rentas y gastos para 2026, y la elección del nuevo contralor o contralora, un proceso que se desarrolla en un escenario de expectativa y debate.
El presupuesto departamental para la vigencia 2026 es una de las decisiones más trascendentales que deberá tomar la corporación durante este periodo. Este instrumento fiscal definirá el rumbo financiero del departamento durante el próximo año, estableciendo las prioridades de inversión, los programas sociales que se ejecutarán, los recursos destinados a infraestructura y la distribución de recursos entre los 116 municipios no certificados de Cundinamarca.
Aunque el proyecto de presupuesto aún no ha sido radicado formalmente ante la corporación por parte del ejecutivo departamental, se anticipa que el documento contemplará un incremento significativo en las apropiaciones para varios sectores estratégicos. Las proyecciones preliminares sugieren que el presupuesto total podría superar los 5 billones de pesos, representando un aumento del 15% respecto a la vigencia 2025, en línea con el crecimiento de los ingresos proyectados y las necesidades de inversión identificadas en el Plan de Desarrollo Departamental «Unidos Podemos Más».
Los sectores que recibirían mayor asignación presupuestal incluyen educación, salud, infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, seguridad ciudadana y atención a poblaciones vulnerables. La Secretaría de Educación requiere recursos significativos para continuar con la modernización de instituciones educativas, la dotación de aulas STEM, el fortalecimiento de la educación rural y el mejoramiento de la infraestructura escolar en municipios con déficit de cobertura.
El sector salud enfrenta desafíos particulares que demandan atención presupuestal prioritaria. La crisis financiera que atraviesan muchas Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento, agravada por las carteras morosas de las EPS que en algunos casos alcanzan el 30% del presupuesto anual de los hospitales, requiere inyecciones de capital extraordinarias para garantizar la sostenibilidad de la red pública hospitalaria.
Durante debates de control político realizados en periodos anteriores, el diputado Hermes Villamil Morales manifestó que «ninguno de los hospitales que han presentado hasta ahora su informe tiene garantizado terminar su ejercicio sin buscar recursos extraordinarios». Esta realidad financiera presiona al presupuesto 2026 a contemplar partidas específicas para el rescate y fortalecimiento de la red hospitalaria departamental.
La infraestructura vial continuará siendo un eje central del presupuesto. El departamento mantiene su compromiso de invertir recursos significativos en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de vías terciarias, secundarias y corredores estratégicos. Los más de 1.25 billones de pesos invertidos durante 2024 y 2025 en la red vial departamental establecen un precedente que deberá mantenerse o incrementarse en 2026 para consolidar los avances logrados y atender nuevas necesidades identificadas.
El presupuesto también deberá contemplar recursos para atender emergencias derivadas de la ola invernal y fenómenos climáticos. La experiencia de 2025, cuando se destinaron más de 16.000 millones de pesos para atención de emergencias viales y 6.000 millones adicionales para infraestructura educativa afectada por lluvias, sugiere que será necesario mantener fondos de contingencia robustos para responder oportunamente a situaciones imprevistas.
Paralelamente a la discusión presupuestal, la Asamblea enfrenta el proceso de elección del nuevo Contralor o Contralora Departamental para el periodo 2026-2029. La Universidad Militar Nueva Granada presentó la terna inicial conformada por Nisson Alfredo Vahos Pérez, María Claudia González Caicedo y Carlos Orlando Acuña Muñoz, tras la aplicación de las pruebas reglamentarias correspondientes.
Sin embargo, el proceso electoral ha generado controversia debido a la decisión de la Asamblea de ampliar el plazo para recibir reclamaciones sobre el proceso de selección. Esta determinación, que algunos sectores han calificado como irregular, ha sido defendida públicamente por los diputados, quienes sostienen que la extensión del plazo no busca vulnerar la transparencia, sino garantizar mayor pluralidad y participación en la selección del próximo jefe del control fiscal departamental.
La elección del Contralor es un proceso de enorme trascendencia para Cundinamarca. Esta autoridad será responsable de ejercer el control fiscal sobre la ejecución del presupuesto departamental, vigilar la gestión de los recursos públicos en los 116 municipios no certificados, realizar auditorías a las entidades descentralizadas y emitir pronunciamientos sobre la legalidad y eficiencia del gasto público durante los próximos cuatro años.
El actual Contralor, Ricardo López Arévalo, ha acompañado los debates de control político de la Asamblea durante su gestión, participando activamente en la revisión de la situación financiera de hospitales, obras públicas y programas departamentales. Su sucesor heredará una Contraloría fortalecida pero enfrentará retos significativos en un contexto de recursos limitados, necesidades crecientes y exigencias ciudadanas cada vez más altas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Los tres candidatos que conforman la terna inicial presentan perfiles profesionales sólidos en áreas relacionadas con el control fiscal, la auditoría gubernamental y la administración pública. Nisson Alfredo Vahos Pérez cuenta con experiencia en entidades de control a nivel nacional y territorial. María Claudia González Caicedo ha desarrollado su carrera en el sector público con énfasis en gestión presupuestal y financiera. Carlos Orlando Acuña Muñoz posee formación especializada en auditoría y control interno.
La definición sobre si se mantendrá la terna inicial o si se incluirán nuevos aspirantes tras la revisión de las reclamaciones se conocerá en las próximas jornadas. Sectores políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil siguen con atención este proceso, considerando que la elección del Contralor determinará en gran medida la efectividad del control fiscal en el departamento durante los próximos años.
Adicionalmente, la Asamblea tiene pendiente el estudio y debate de varios proyectos de ordenanza que fueron radicados durante el primer y segundo periodos de sesiones pero que no alcanzaron a surtir todos los debates reglamentarios. Entre estos se encuentran iniciativas relacionadas con políticas públicas ambientales, ordenamiento territorial, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.
La conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea será clave para el desarrollo de la agenda legislativa. La Comisión de Presupuesto, Crédito Público y Control Fiscal, integrada por los diputados Víctor Julián Sánchez Acosta, Constanza Ramos Campos, Juan Carlos Coy Carrasco, Julio César Delgadillo Rodríguez y Hermes Villamil Morales, tendrá la responsabilidad de realizar el estudio técnico del proyecto de presupuesto y presentar las recomendaciones correspondientes al pleno de la corporación.
Las demás comisiones permanentes —Educación, Salud y Vivienda; Gestión Institucional, Región Capital y Conectividad; y Medio Ambiente, Agricultura, Minas y Energía— también jugarán roles importantes en la evaluación de las asignaciones presupuestales correspondientes a sus áreas de competencia, asegurando que los recursos se distribuyan de manera coherente con las necesidades y prioridades de cada sector.
El presidente de la Asamblea, Juan Carlos Coy Carrasco, ha manifestado el compromiso de la corporación con la transparencia, la participación ciudadana y el control político efectivo sobre la gestión del ejecutivo departamental. Durante este tercer periodo de sesiones se realizarán debates de control político en diferentes municipios del departamento, llevando la labor legislativa directamente a los territorios y facilitando la participación de las comunidades en los procesos de rendición de cuentas.
La ciudadanía cundinamarquesa observa con expectativa las decisiones que tomará la Asamblea durante este periodo. La aprobación del presupuesto 2026 y la elección del nuevo Contralor son procesos que tendrán repercusiones directas en la vida cotidiana de millones de habitantes del departamento, determinando la calidad de los servicios públicos, el estado de la infraestructura, las oportunidades de desarrollo y la efectividad de los mecanismos de control sobre el uso de los recursos del erario.
