La investigación por la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional en el Cantón Norte de Bogotá —hechos ocurridos la noche del 26 de noviembre— ha avanzado con hallazgos en la habitación del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata que han añadido interrogantes sobre el episodio y la cadena de custodia de armamento dentro de la institución. Las autoridades militares y la Fiscalía adelantan labores para establecer con precisión lo sucedido y determinar responsabilidades penales y disciplinarias.
Hallazgos en la habitación y en la escena
Tras el reporte de detonaciones en el parqueadero del batallón —cuando varios uniformados estaban en formación y se activaron los protocolos de emergencia— los primeros respondientes encontraron un vehículo gris con los cuerpos sin vida de dos oficiales: el capitán Pablo Andrés Masmela y la subteniente María Camila Mora Mahecha. Esa versión preliminar, que aún está sujeto a verificación oficial, sostiene que se trataría de un “incidente de carácter personal”.
En el curso de las inspecciones, los investigadores hallaron dos armas de fuego adicionales en la habitación del capitán dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería, en el Cantón Norte. El Ejército y las autoridades han anunciado que se está haciendo el rastreo para establecer la procedencia de ese armamento y si formaba parte o no de la dotación institucional, así como la legalidad de su posesión. Estas armas se convirtieron en piezas claves para reconstruir la secuencia de hechos.
Qué se sabe sobre las víctimas y el contexto
Las identidades difundidas por fuentes oficiales y medios señalan a la subteniente María Camila Mora Mahecha y al capitán Pablo Andrés Masmela Zapata como los dos uniformados fallecidos. Voces de compañeros y fuentes cercanas relatan que ambos se reencontraron esa noche en una cafetería dentro de la Escuela de Infantería antes de los hechos, y que la subteniente había llegado desde Tolemaida para asistir a un concierto. Las autoridades no han descartado la hipótesis de un episodio pasional o un conflicto personal como origen de lo sucedido, pero subrayan que todo debe ser confirmado por las pruebas técnicas y periciales.
Al mando institucional, el general Luis Emilio Cardozo (comandante del Ejército) informó públicamente que el hallazgo de armas y otras evidencias está siendo objeto de verificación y seguimiento; las autoridades buscan esclarecer si el armamento estaba “amparado” por la ley y la normativa militar o si hubo irregularidades en su custodia.
Líneas de investigación abiertas
Con la evidencia recabada hasta ahora, las principales líneas de investigación que adelantan la Fiscalía y la institución militar incluyen:
- Origen y legalidad del armamento hallado en la habitación del capitán (si correspondía a dotación o era material particular y cómo llegó allí).
- Reconstrucción de la secuencia de hechos (dónde ocurrieron los disparos, quién los efectuó y en qué momento se produjeron las muertes).
- Control interno en el Cantón Norte, revisión de protocolos de seguridad y custodia de armas en instalaciones militares, y determinación de posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.
- Entrevistas y verificación de testigos y cámaras, incluida la revisión de comunicaciones y recorridos de ambos oficiales en las horas previas a la tragedia.
Impacto institucional y reacciones
El suceso ha generado conmoción dentro del Ejército y la opinión pública por ocurrir dentro de una sede militar. El Ejército expresó su pesar y anunció colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos; a su vez, en medios se han discutido las implicaciones sobre la seguridad interna, la custodia de armas y la atención a posibles casos de violencia de género dentro de las Fuerzas Armadas. Organismos de control y opinión pública han pedido celeridad y transparencia en la investigación.
Qué sigue: pruebas clave y plazos
Las investigaciones forenses (balística, rastros de pólvora, peritajes sobre las armas encontradas, cadena de custodia y autopsias) serán determinantes para concluir qué ocurrió y si hubo un homicidio seguido de suicidio, como sugieren algunas versiones preliminares, o si hay otras circunstancias por esclarecer. La Fiscalía y la justicia militar deberán explicar los resultados y las medidas que se adoptarán con base en las pruebas.