El artículo aborda la controversia generada por la propuesta de José Manuel Restrepo, quien como fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella planteó eliminar los llamados impuestos saludables establecidos mediante la Ley 2277 de 2022. Según Restrepo, estos gravámenes sobre bebidas azucaradas y productos ultraprocesados son una medida de carácter «ideológico» que limita la libertad de elección de los consumidores y no constituye una herramienta adecuada para influir en los hábitos alimenticios de la población.
Sin embargo, el artículo sostiene que esta postura es contradicha por la evidencia científica internacional y por los resultados obtenidos en Colombia desde la implementación del impuesto. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF respaldan ampliamente este tipo de medidas fiscales porque consideran que son una de las herramientas más efectivas para reducir el consumo de productos perjudiciales para la salud, prevenir enfermedades y mejorar la nutrición de la población, especialmente entre los sectores más vulnerables.
De acuerdo con estas organizaciones, las dietas poco saludables representan una de las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. En Colombia, la situación resulta especialmente preocupante debido a que más de la mitad de la población adulta, aproximadamente el 56,5 %, presenta sobrepeso u obesidad. El consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados contribuye al aumento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud que afectan tanto a adultos como a niños y adolescentes.
El artículo explica que los impuestos saludables persiguen varios objetivos simultáneos. En primer lugar, buscan desincentivar el consumo de productos que contienen altos niveles de azúcar, grasas saturadas y otros componentes perjudiciales. En segundo lugar, promueven hábitos de alimentación más saludables y fomentan el consumo de alternativas más nutritivas. También pretenden reducir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente entre los menores de edad. Además, generan recursos fiscales que pueden destinarse a programas de salud pública, nutrición y desarrollo social.
Uno de los principales argumentos a favor del impuesto es que ya existen resultados concretos que muestran cambios en los hábitos de consumo de la población. Según los datos citados en el artículo, entre 2022 y 2024 el consumo diario de bebidas azucaradas disminuyó en diferentes grupos de edad. Entre los jóvenes de 12 a 28 años pasó del 24,6 % al 22,6 %, mientras que entre los adultos de 29 a 44 años cayó del 24,9 % al 19,2 %, una reducción aún más significativa. Estos datos sugieren que el impuesto ha contribuido a disminuir el consumo de productos considerados dañinos para la salud.
El texto también destaca que los beneficios fueron especialmente visibles en los hogares de menores ingresos. Aunque inicialmente algunos sectores económicos argumentaron que el impuesto podría afectar de manera desproporcionada a las familias más pobres, los resultados muestran que precisamente estas comunidades redujeron más el consumo de bebidas azucaradas. Según el artículo, esto significa que el impuesto ha funcionado como una medida de protección social, ayudando a prevenir enfermedades que suelen afectar con mayor intensidad a las poblaciones vulnerables.
Otro aspecto relevante es el impacto fiscal de la medida. La ANIF reportó que hasta mayo de 2025 el recaudo generado por los impuestos saludables alcanzó aproximadamente 1,6 billones de pesos, lo que representó un incremento del 23 % frente al año anterior. Estos recursos fortalecen las finanzas públicas y pueden utilizarse para financiar programas sociales, proyectos de salud y otras iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, el artículo concluye que la propuesta de eliminar los impuestos saludables genera preocupación entre organizaciones sociales y defensores de la salud pública. Estos sectores consideran que la eliminación del gravamen no solo podría provocar un aumento en el consumo de productos perjudiciales para la salud, sino que también privaría al Estado de importantes recursos económicos destinados a atender necesidades históricas de las regiones más vulnerables del país. En consecuencia, sostienen que mantener el impuesto es una herramienta clave para promover una mejor nutrición, reducir enfermedades, disminuir desigualdades y fortalecer la inversión social en Colombia.
