Por: Pablo Emilio Obando
Por estos días, la economía de frontera vuelve a temblar. El anuncio del Ecuador de imponer un arancel del 100% a los productos colombianos no es simplemente una medida comercial: es, en la práctica, un golpe directo al corazón económico de regiones enteras, y en particular, de Nariño. Aquí, donde la línea fronteriza no divide sino que une historias, mercados y familias, la decisión ecuatoriana adquiere una dimensión profundamente humana.
Nariño no es solo un departamento más en el mapa productivo de Colombia; es un territorio cuya dinámica económica está íntimamente ligada al intercambio binacional. Cada carga que cruza el puente de Rumichaca, cada pequeño comerciante que vive del vaivén de productos, cada empresa que ha construido durante años relaciones con el vecino país, hoy enfrenta una incertidumbre que amenaza con convertirse en tragedia social. Porque detrás de los aranceles no hay únicamente cifras: hay empleos, hay sustento familiar, hay sueños empresariales que podrían desmoronarse.
Pero la preocupación no se limita a esta región. Empresarios del Valle del Cauca, del Cauca e incluso de Bogotá han tejido redes comerciales sólidas con Ecuador. La medida, por tanto, tiene un efecto expansivo que compromete sectores productivos diversos y pone en riesgo cadenas de abastecimiento construidas con esfuerzo durante décadas. La pregunta es inevitable y urgente: ¿dónde está la respuesta del Estado colombiano?
El silencio institucional inquieta. No se ha escuchado con claridad una postura firme del Gobierno Nacional, ni se perciben gestiones diplomáticas visibles que busquen desescalar esta situación. Tampoco se advierte una estrategia concreta desde las autoridades departamentales que permita mitigar el impacto inmediato sobre los comerciantes y empresarios nariñenses. Y más grave aún: el cuerpo diplomático parece ausente en un momento en que su voz debería ser protagonista.
Este no es un asunto menor ni pasajero. Un arancel de esta magnitud puede traducirse en cierre de empresas, pérdida masiva de empleos y un incremento inevitable de la pobreza, especialmente en territorios donde las oportunidades ya son limitadas. En una región históricamente resiliente como Nariño, el golpe puede ser devastador si no se actúa con prontitud.
Por ello, este es un llamado urgente a la dirigencia política del departamento. A los congresistas en ejercicio y a los recientemente electos: este es el momento de demostrar que representan a una región que hoy clama por defensa y gestión. Se requiere liderazgo, articulación y presión legítima ante el Gobierno Nacional para que active los canales diplomáticos necesarios y proteja los intereses de los colombianos que dependen de esta relación comercial.
Nariño no puede seguir siendo una periferia olvidada cuando las decisiones internacionales afectan su cotidianidad. La frontera no es un problema: es una oportunidad que debe ser defendida con inteligencia y dignidad. Hoy más que nunca, el silencio no es una opción. Actuar es una obligación.
