Tras vencerse el plazo fijado por la Comunidad Andina, CAN, para desmontar los aranceles, el Gobierno de Ecuador decidió mantener el impuesto del 100 % a varios productos provenientes de Colombia, argumentando razones de seguridad y protección económica.
La decisión ha generado preocupación en sectores comerciales y empresariales de la frontera, especialmente en ciudades como Ipiales, donde el intercambio binacional es uno de los principales motores de la economía.
Cumplido el tiempo para retirar los aranceles que dispuso la CAN, el Gobierno colombiano manifestó disposición para desmontarlos si Ecuador hacía lo mismo, pero Ecuador decidió mantener sus medidas y presentar recursos ante la Comunidad Andina.
Así las cosas, Ecuador mantiene aranceles (aunque anunció que bajaría del 100% al 75% desde junio). Por su parte, Colombia dice estar dispuesta a eliminarlos, pero condicionada a reciprocidad del vecino país. La disputa sigue abierta jurídicamente ante la CAN con las determinaciones judiciales tomadas por Ecuador al presentar recursos con los que se congelarían temporalmente las sanciones.
El coordinador de la Oficina de Fronteras en Ipiales Javier Cabezas Castillo, advirtió que la prolongación de estas medidas termina afectando directamente a transportadores, comerciantes, empresarios y cientos de familias que dependen de la dinámica fronteriza, insistiendo en la necesidad de priorizar el diálogo y los acuerdos binacionales.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales Iván Flores manifestó su preocupación por la creciente polarización alrededor del tema y señaló que las disputas políticas y comerciales no pueden convertirse en decisiones “caprichosas” que terminen debilitando la economía de frontera y frenando el empleo y el comercio regional.
Mientras avanzan los recursos jurídicos presentados por el gobierno ecuatoriano, empresarios de ambos países siguen a la expectativa de una solución que normalice el comercio.
El plazo límite definitivo que planteo la CAN para eliminar por completo los gravámenes mutuos venció el pasado jueves 21 de mayo de 2026. Fue justo un día antes de que se cumpliera esta fecha límite (el 20 de mayo) cuando el gobierno de Ecuador movió sus fichas jurídicas para no acatar el retiro obligatorio, ya que la Cancillería ecuatoriana confirmó que el Gobierno envió su respuesta y radicó acciones legales el 20 de mayo de 2026.
