Los gremios comerciales del sur del país rechazaron de manera contundente la decisión del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos, medida anunciada por el presidente Daniel Noboa y denominada como “Tasa Pro Seguridad”. Empresarios y representantes gremiales advirtieron que esta determinación agravará la crisis económica de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en regiones fronterizas como Nariño.
El presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Ortega Cornejo, calificó la medida como una “mala decisión” y aseguró que el porcentaje del arancel resulta desproporcionado. Según explicó, solo en 2025 más de 2.160 millones de dólares en mercancías colombianas tuvieron como destino Ecuador, por lo que la imposición de este tributo pone en riesgo la estabilidad de múltiples sectores productivos, incluido el transporte de carga, que permanece en máxima alerta.
Por su parte, el director de ACOPI Seccional Nariño, Andrés Rojas, señaló que el impacto de la medida no puede interpretarse únicamente como una respuesta política del Gobierno ecuatoriano frente a Colombia. A su juicio, el arancel representa un golpe directo a las economías emergentes, a las pequeñas y medianas empresas que diariamente sostienen el empleo y la actividad productiva en Pasto, Nariño y el país.
Los dirigentes gremiales coincidieron en que el comercio entre Colombia y Ecuador ha estado históricamente marcado por relaciones de cooperación y hermandad, lo que hace aún más preocupante la adopción de medidas unilaterales que podrían estimular la informalidad, el contrabando y las economías ilegales en la frontera.
Finalmente, los gremios hicieron un llamado al Gobierno colombiano para que participe de manera activa en mesas de diálogo y concertación con Ecuador, con el fin de revisar la medida arancelaria y proteger el bienestar económico binacional, evitando que miles de pequeñas y medianas empresas resulten afectadas.
