La extradición de Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, a Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la historia reciente de la política de seguridad y de los frustrados procesos de negociación adelantados durante el anterior Gobierno nacional. El jefe de los Comandos de la Frontera, quien llegó a convertirse en uno de los rostros visibles de las conversaciones de paz impulsadas por Gustavo Petro, finalmente fue puesto a disposición de la justicia estadounidense, que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico.
El episodio tiene especial importancia para Nariño y el sur del país, regiones donde la presencia de estructuras armadas ilegales y las disputas por las economías ilícitas han dejado una profunda huella de violencia, desplazamientos, asesinatos y amenazas contra comunidades y líderes sociales.
‘Araña’ fue capturado en Bogotá en febrero de 2025, cuando participaba en actividades relacionadas con las conversaciones de paz. Su condición de negociador generó entonces una situación política y jurídica compleja, pues la extradición solicitada por Estados Unidos quedó suspendida mientras permanecía vinculado a los diálogos con el Gobierno Petro. La Corte Suprema de Justicia había avalado posteriormente su extradición, pero la entrega permaneció congelada.
Ahora, esa historia cambia radicalmente. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó hacer efectiva la extradición de Rojas y de otros cabecillas cuyos traslados a Estados Unidos habían sido autorizados previamente, pero permanecían suspendidos por su participación en procesos de diálogo. La Presidencia explicó que la decisión obedecía a la ausencia de aportes verificables y resultados concretos en materia de paz.
El caso de ‘Araña’ también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Colombia no puede eludir: ¿hasta dónde puede llegar un proceso de paz cuando quienes se sientan a negociar continúan siendo requeridos por graves delitos? Es un interrogante que trasciende gobiernos y partidos y que exige respuestas dentro del marco de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales.
Las autoridades estadounidenses acusan a Rojas de participar en una organización dedicada al narcotráfico. Según reportes sobre la investigación, el expediente lo relaciona con actividades de protección de cultivos de coca, laboratorios, coordinación de cargamentos y comercialización de cocaína hacia mercados internacionales.
En Colombia, además, su nombre ha sido relacionado por las autoridades con hechos violentos. En ese sentido, las investigaciones lo ubican entre los principales determinadores de asesinatos de líderes sociales en el sur del país, mientras que otros reportes registran su vinculación a investigaciones por homicidios.
Para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la extradición representa el cumplimiento de una decisión anunciada desde el comienzo de su administración: privilegiar el sometimiento a la justicia frente a la permanencia de cabecillas de organizaciones criminales en escenarios de negociación cuando existen requerimientos judiciales internacionales. El mandatario ya había autorizado en agosto las extradiciones de cinco integrantes de estructuras armadas, entre ellos Rojas.
Lo ocurrido con ‘Araña’ deja, finalmente, una lección para Colombia: los procesos de paz no pueden perder de vista a las víctimas, la verdad, la justicia y la seguridad de las comunidades. La búsqueda de la paz y la aplicación de la justicia no deberían presentarse necesariamente como caminos incompatibles.
Ahora será la justicia de Estados Unidos la encargada de determinar la responsabilidad penal de Geovany Andrés Rojas frente a los cargos por los cuales es solicitado. Para Nariño y para todo el país queda el desafío mayor: impedir que las organizaciones criminales sigan encontrando en la violencia, el narcotráfico y las economías ilegales una fuente permanente de poder.
