El aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra la secretaria de Infraestructura de Tunja, Lina María Bautista Avellaneda, y el exfuncionario de Ecovivienda, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, vuelve a poner en evidencia las tensiones entre las garantías procesales y la expectativa ciudadana de justicia oportuna en casos relacionados con la administración pública.
La diligencia, que buscaba formalizar cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de un delito, no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del procesado y su defensa. La solicitud de aplazamiento presentada por el nuevo abogado, basada en la necesidad de estudiar el expediente y en motivos personales, fue considerada válida por el juez, quien prioriza el debido proceso. Aunque jurídicamente la decisión se ajusta a las garantías fundamentales, el caso deja interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial frente a procesos de alto interés público. La Fiscalía, por su parte, insistió en la importancia de adelantar una imputación de manera concertada con todos los implicados, lo que también incidió en la postergación.
Este proceso no solo involucra a funcionarios técnicos, sino que también salpica a figuras de relevancia política local, como el alcalde de Tunja y la gestora social, quienes deberán enfrentar audiencias en fechas cercanas. En ese contexto, cada aplazamiento puede impactar la percepción ciudadana sobre la transparencia institucional. Mientras se fija una nueva fecha, prevista después del 7 de abril, el caso continúa generando expectativa y exige seguimiento riguroso, en medio de la necesidad de equilibrar la celeridad judicial con pleno respeto por los derechos de los implicados.
