El coordinador del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) en el departamento de Nariño, Carlos Angulo, anunció que se están cumpliendo los compromisos pendientes con las comunidades que han optado por la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Alrededor de 12.500 familias en la región están a la espera del respaldo prometido.
Estas acciones se han implementado a través del desarrollo de programas y proyectos destinados a contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y marginalidad en las que viven las familias campesinas que dependen de los cultivos de uso ilícito. El acompañamiento del Gobierno Nacional ha sido fundamental en estos procesos.
Compromiso
«Terminamos de pagar los compromisos con las comunidades, lo cual fue parte de la renegociación que se realizó. Estamos a la expectativa de que se finalice la legalización de los recursos entregados. Se espera que las personas presenten los resultados de sus actividades para avanzar en el proceso de entrega de insumos», destacó Angulo.
Se tiene previsto destinar 5 millones de pesos a cada familia beneficiaria para la adquisición de insumos, lo que equivale a un total de $65 mil millones de pesos. Este apoyo financiero busca facilitar la transición hacia actividades económicas legales y sostenibles, promoviendo así el desarrollo de alternativas productivas para estas comunidades.
Herramientas
El programa de sustitución de cultivos ilícitos no solo busca eliminar la producción de drogas, sino también mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas, proporcionándoles herramientas y oportunidades para un futuro más próspero y seguro.
Estos objetivos se lograrán a través de un enfoque integral que aborda tanto las necesidades económicas como sociales de las comunidades, donde se busca construir un camino hacia la reconciliación y el desarrollo sostenible de la Costa Pacífica nariñense.