
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aprobó la **cesión de la participación mayoritaria del contrato de exploración y producción del Bloque Sinú-9, ubicado en la cuenca Sinú-San Jacinto (Córdoba), a una filial de la compañía francesa Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda., aun cuando la Procuraduría General de la Nación había enviado alertas al organismo de control sobre posibles irregularidades en el proceso.
La resolución de la ANH, firmada en los últimos días de diciembre, autoriza la transferencia del 61 % de la licencia contractual, luego de que la solicitud se sometiera a un estudio técnico, legal, financiero, ambiental y social que se extendió por aproximadamente nueve meses desde su presentación en marzo de este año.
Según el comunicado oficial, el Bloque Sinú-9 es considerado un activo estratégico para la seguridad energética de Colombia debido a resultados positivos en exploraciones previas en pozos como Mágico-1X y Brujo-1X, con una prospectividad de producción de hasta 21 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
Alertas de la Procuraduría
La Procuraduría, a través de un oficio enviado días antes de la aprobación, pidió a la ANH información detallada sobre el proceso de cesión y advirtió sobre “posibles irregularidades” relacionadas con la titularidad de intereses económicos, la cadena de cesiones contractuales y el cumplimiento de obligaciones del contrato, además de solicitar detalles sobre controversias con terceros interesados.
No obstante, la ANH firmó la resolución sin responder formalmente al oficio del organismo de control, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y el papel de las autoridades supervisores.
Qué sigue para el Bloque Sinú-9
Maurel & Prom, con más de dos décadas de presencia en Colombia y casi dos siglos de trayectoria global, ahora deberá avanzar en los procesos de operación y perforación planificados para 2026, con miras a consolidar la producción de gas natural en la región.
El contrato del Bloque Sinú-9 será clave para los objetivos energéticos del país, aunque el debate sobre la legalidad y supervisión del trámite continúa tanto en ámbitos administrativos como en posibles acciones judiciales de terceros que manifestaron interés en la licencia original.
