La confrontación entre la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Gobierno de Gustavo Petro ha escalado a un nuevo nivel. La Andi solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 0062 de 2025, con el cual el presidente instauró el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. Según el gremio, la medida carece de fundamentos sólidos y no justifica la incapacidad de las herramientas ordinarias del Gobierno para manejar la crisis en la región.
Empresarios cuestionan la validez del decreto
En una carta dirigida a la magistrada Paola Meneses, la Andi argumentó que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para la declaratoria de conmoción interior. Alfonso Palacios Torres, vicepresidente jurídico del gremio, señaló que la exposición de motivos del decreto se basa en afirmaciones sin el respaldo necesario.
“Aunque el Decreto 0062 de 2025 presenta una extensa motivación, en lo que respecta a la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, lo que contiene son afirmaciones sin el fundamento propio de un decreto de conmoción interior”, indicó la misiva.
Asimismo, la Andi cuestionó la inclusión de nuevos gastos en el Presupuesto General de la Nación como argumento para justificar la medida, señalando que esto no es razón suficiente para declarar la conmoción. A esta solicitud se sumaron la Asociación Colombiana de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón.
Petro defiende su decisión y arremete contra la Andi
Tras la carta del gremio empresarial, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta en la red social X, defendiendo la necesidad de la medida y cuestionando a los críticos, incluyendo a la senadora Paloma Valencia y al presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
“Yo le pregunto a Paloma Valencia y a Bruce Mac Master: ¿más de 71 cadáveres recogidos, la existencia de fosas comunes escondidas por el ELN, el desplazamiento de 55.000 personas de las 400.000 que habitan en el Catatumbo, el asesinato de exfirmantes de paz, los crímenes contra la paz cometidos en la región, la necesidad de financiar la ofensiva del Ejército… no son motivos de una conmoción interior en el Catatumbo?”, expresó el mandatario.
El presidente insistió en que la crisis en la región justifica medidas extraordinarias y acusó a la oposición de haber bloqueado la ley de financiamiento que buscaba reforzar la seguridad en la zona.
https://twitter.com/petrogustavo/status/1897277058989855147
Un pulso que llega al ámbito jurídico
La disputa entre la Andi y el Gobierno no es nueva y ya ha ocurrido en otros escenarios como la reforma tributaria y otras iniciativas legislativas. Sin embargo, en esta ocasión, la controversia ha escalado al plano jurídico.
Mientras el Gobierno sostiene que la medida es indispensable para restaurar la seguridad en el Catatumbo, los empresarios advierten que podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias que afecten la inversión y la estabilidad económica en la región.
Ahora, la decisión final recae en la Corte Constitucional, que deberá determinar si el decreto cumple con los requisitos legales o si, como piden los gremios empresariales, debe ser anulado.