En una audiencia pública de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, diferentes organizaciones internacionales y sociales como Amnistía Internacional y la Comisión Colombia de Juristas, aseguraron que el Estado no tiene voluntad política para la protección colectiva.
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Fernanda Doz Costa, afirmó que el Estado no ha realizado una rendición de cuentas, sobre la protección colectiva de líderes y defensores de derechos humanos.
«La principal recomendación es que las personas defensoras de estos derechos colectivos lo hacen de manera colectiva, es decir, hay a veces una cara visible que puede ser la lideresa o el líder de esa comunidad pero en realidad hay toda una comunidad defendiendo por ejemplo su territorio de industrias extractivas o de actores armados o de empresas legales o ilegales, entonces la protección de esa personas tiene que ser colectiva, si no es colectiva no sirve ponerle un chaleco antibalas a una mujer lideresa y luego no atacar las causas estructurales por las cuales ella está en riesgo”, indicó.
Asimismo, para la directora no hay una definición clara de medidas de protección colectiva, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Identificamos cuál es el problema y es la falta de voluntad política del Estado para atacar las causas estructurales de la inseguridad en los territorios. El Ejecutivo no se articula para ofrecer una protección y la Fiscalía no actúa contra la impunidad”, indicó Doz Costa.
Del mismo modo, explicó que existen algunos problemas para responsabilizar a quien no cumple con su trabajo. “Ningún funcionario ha sido sancionado por no cumplir su obligación de proteger a personas y comunidades en riesgo. El tema de rendición de cuentas es clave”.
En ese orden de ideas, la directora le propuso al Congreso, a través de los representantes Ángela María Robledo, María José Pizarro y Juanita Goebertus, la creación de una comisión de verificación de garantías para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, para cuando se presente una falla en la garantía de seguridad, saber a quien señalar.