La Personería Municipal de Baraya, en el norte del departamento del Huila, emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia y, en especial, las amenazas extorsivas que se han venido presentando en el municipio, como llamadas telefónicas intimidatorias, advertencias y citaciones de diversa índole que ponen en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de los habitantes.
En el pronunciamiento, el Ministerio Público local recordó que este tipo de conductas constituyen una grave vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, entre ellos el derecho a la vida (artículo 11), la integridad personal, la libertad, la seguridad y la convivencia pacífica, pilares esenciales del Estado Social de Derecho.
Denuncia
La Personería advirtió que su actuación se enmarca en lo establecido por el artículo 118 de la Ley 136 de 1994, normativa que le asigna funciones de Ministerio Público a nivel municipal, la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y la defensa de los intereses de la comunidad y de los derechos humanos.
En ese sentido, el despacho exhortó a las autoridades competentes —administrativas, judiciales y de policía— a adoptar de manera inmediata y con la debida celeridad las medidas necesarias para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección efectiva de los derechos de la población, frente a cualquier forma de intimidación o amenaza que altere la convivencia.
Acompañamiento
Finalmente, la Personería Municipal de Baraya reiteró su disposición permanente para acompañar a la ciudadanía, recibir denuncias, activar las rutas institucionales de protección y ejercer las acciones preventivas y de control que le corresponden, con el objetivo de salvaguardar la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica en el municipio.
El comunicado fue firmado por el personero municipal, Christian Javier Andrade Soriano, quien insistió en la importancia de la denuncia oportuna y del trabajo articulado entre la comunidad y las instituciones para enfrentar este tipo de situaciones.
Cabe mencionar que, en redes sociales, se ha denunciado citaciones a campesinos y comerciantes para acudir a una reunión y pagar entre 2 y 30 millones de pesos.
