El servicio funciona, pero las altas tarifas y la mala gestión generan inconformidad.
La sesión de control político realizada en el Concejo de Tunja, que se extendió por más de siete horas hasta la madrugada del primero de mayo, dejó al descubierto una realidad compleja sobre el servicio de aseo en la ciudad. Por un lado, la empresa Urbaser S.A. E.S.P. demostró una sólida capacidad técnica y cumplimiento normativo, con indicadores de limpieza que ubican a la capital boyacense por encima del promedio regional.
Por otro lado, quedó en evidencia un profundo malestar ciudadano frente a los costos del servicio y una débil gestión institucional por parte del municipio. Durante la jornada, la empresa respondió a cuestionamientos sobre el manejo ambiental en la vereda de Pirgua, destacando inversiones superiores a los 2.700 millones de pesos en 2025.
Entre los avances técnicos sobresale la planta de tratamiento de lixiviados mediante ósmosis inversa, capaz de eliminar hasta el 94% de la carga contaminante antes de su vertimiento al río Jordán.
Asimismo, la captura de biogás, con un procesamiento de 800 metros cúbicos por hora, reduce significativamente la emisión de metano, consolidando a Tunja como referente ambiental.
Sin embargo, el aspecto económico sigue siendo el principal foco de inconformidad. Urbaser aclaró que las tarifas no dependen de la empresa, sino de una fórmula establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la cual está indexada al salario mínimo y la inflación.
Esto implica que el costo del servicio responde a un esquema nacional que prioriza la sostenibilidad operativa. El modelo de regionalización también fue ampliamente debatido.
Actualmente, el parque de Pirgua recibe residuos de 125 municipios, lo que permite economías de escala que reducen el costo para los usuarios de Tunja. No obstante, esta carga ha disminuido la vida útil del relleno a 6,3 años, generando preocupaciones ambientales y tensiones con la Aeronáutica Civil por su cercanía al aeródromo.
En cuanto al papel del municipio, se evidenció una falta de control histórico. Durante doce años no se conformó el Comité de Aseo, y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos no se actualizaba desde 2017.
Además, aunque la ciudad ha recibido más de 2.400 millones de pesos por incentivos de regionalización, persisten vacíos en la inversión y supervisión.
