El contrabandista Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, sigue moviendo todas sus fichas legales para evitar su extradición a Colombia. Aunque el Tribunal de Apelación de Oporto ya aprobó su entrega, su defensa ha desplegado una estrategia para retrasar el proceso, alegando persecución política y solicitando asilo en Europa.
La batalla legal de ‘Papá Pitufo’
Desde su celda en Portugal, Marín Buitrago ha contratado un equipo de abogados de alto perfil, entre ellos el exfiscal general Mario Iguarán, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y el penalista John Villamil. En España y Portugal, su defensa está a cargo de Gonzalo Boye, un abogado polémico con vínculos con el gobierno de Gustavo Petro.
Su estrategia se centra en presentar recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, con argumentos como su doble nacionalidad española y una supuesta persecución política en Colombia.
Sin embargo, el Tribunal de Oporto rechazó estas justificaciones, señalando que no hay pruebas de que su vida corra peligro o de que exista un plan para ejecutarlo.
El rol de la corrupción en su captura
Las pruebas contra Marín Buitrago son contundentes. Según el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), ‘Papá Pitufo’ intentó sobornar a altos funcionarios con pagos de hasta 300 millones de pesos mensuales para facilitar el contrabando en Cartagena, Bogotá, Cali y Buenaventura.
La fiscal general Luz Adriana Camargo
El factor político y la postura del Gobierno
El presidente Gustavo Petro ha insistido en la importancia de la extradición para revelar la red de corrupción en la Dian, la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, el proceso se ha convertido en un tema político, con sectores acusando al gobierno de querer manipular la información sobre presuntos implicados.
Por ahora, la defensa de ‘Papá Pitufo’ busca anular la orden de extradición argumentando errores en la medida de aseguramiento y en la formulación de cargos.
La próxima audiencia clave se llevará a cabo el 11 de abril, cuando sus abogados presentarán sus últimos intentos para frenar su entrega a Colombia.