La reciente difusión de un supuesto “juicio revolucionario” realizado por el ELN contra policías e investigadores de la Fiscalía secuestrados en Arauca volvió a poner bajo la lupa al Frente de Guerra Oriental, una de las estructuras armadas más poderosas de esa guerrilla. Detrás de esa acción ilegal, según información de inteligencia conocida por medios nacionales, estaría alias ‘Cendales’, identificado como William Ernesto Cruz Lizcano, señalado cabecilla militar de esa organización insurgente.
El caso generó una ola de rechazo por parte del Gobierno Nacional, organismos judiciales y defensores de derechos humanos, debido a que el ELN anunció supuestas condenas de hasta cinco años de cautiverio contra cuatro funcionarios secuestrados desde 2025. Las víctimas son los policías de la Dijín Frankie Hoyos y Jordi Pérez, así como los investigadores del CTI Jesús Pacheco y Rodrigo López.
De acuerdo con reportes de inteligencia militar revelados por Caracol Radio, alias ‘Cendales’ tendría una trayectoria criminal superior a 35 años y estaría vinculado a múltiples acciones armadas, secuestros y operaciones ilegales en el oriente colombiano desde comienzos de la década de 1990. Las autoridades lo consideran una de las piezas clave dentro del Frente de Guerra Oriental, estructura dirigida por alias ‘Pablito’, uno de los máximos jefes del Comando Central del ELN (COCE).
El Frente de Guerra Oriental opera principalmente en Arauca, Casanare, Boyacá y zonas fronterizas con Venezuela. Según las cifras conocidas por inteligencia, esta estructura tendría actualmente 1.347 integrantes distribuidos en 14 componentes armados y redes de apoyo. De ellos, 581 serían hombres en armas y otros 766 pertenecerían a las denominadas Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT).
Los informes también indican que el componente armado del grupo ha mostrado crecimiento en los últimos meses, lo que evidencia la capacidad de expansión y reorganización del ELN en regiones estratégicas del país. Las autoridades consideran que el Frente Oriental es actualmente una de las estructuras más fuertes y con mayor capacidad militar dentro de esa guerrilla, especialmente por el control territorial que ejerce sobre corredores de narcotráfico, extorsión y secuestro.
El denominado “juicio revolucionario” difundido por el ELN fue catalogado por sectores políticos y judiciales como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. La Corte Suprema, la Fiscalía y diferentes organismos insistieron en que la guerrilla no tiene ninguna autoridad judicial y exigieron la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados.
Además del rechazo institucional, las familias de los retenidos manifestaron preocupación por el estado de salud y las condiciones en las que permanecen sus seres queridos. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la exposición pública de los secuestrados y la imposición de “condenas” constituyen actos degradantes y contrarios a las normas humanitarias internacionales.
El episodio ocurre en medio de la crisis de los diálogos entre el Gobierno y el ELN, un proceso que permanece prácticamente congelado tras varios hechos violentos atribuidos a esa guerrilla. Aunque sectores del Ejecutivo aún hablan de eventuales acercamientos, el secuestro continúa siendo uno de los principales obstáculos para cualquier intento de reactivar negociaciones de paz.
Las autoridades colombianas mantienen vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Cendales’, considerado uno de los hombres más buscados dentro de la estructura insurgente. Mientras tanto, organismos de seguridad continúan monitoreando los movimientos del Frente de Guerra Oriental, cuyo poder criminal sigue representando una de las mayores amenazas de orden público en el oriente del país.
