El Gobierno Nacional anunció en las últimas horas recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información veraz y oportuna que permita identificar y judicializar a personas involucradas en delitos electorales, en el marco de las próximas jornadas democráticas. La medida busca frenar prácticas ilegales que atentan contra la transparencia del voto y la voluntad popular, especialmente en regiones donde históricamente se han presentado denuncias por compra de sufragios.
Hay 16 delitos
De acuerdo con las autoridades, en la legislación colombiana están tipificados 16 delitos electorales que pueden acarrear penas de prisión y sanciones económicas significativas. Entre ellos se encuentran la corrupción al sufragante, el fraude en inscripción de cédulas, la alteración de resultados electorales, el constreñimiento al elector y la trashumancia. Estas conductas no solo afectan la legitimidad de los comicios, sino que también vulneran el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en condiciones de libertad.
Voceros oficiales indicaron que la recompensa será entregada a quienes aporten información que conduzca a la identificación, captura o sanción de responsables de estas conductas. Las denuncias podrán realizarse de manera confidencial ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional de Colombia, entidades que garantizarán la reserva de la identidad de los denunciantes y activarán los protocolos de verificación correspondientes.
Riesgos en la costa
El llamado es especialmente enfático en el departamento de Nariño, donde las autoridades han identificado riesgos en varios municipios de la Costa Pacífica. En la Costa Pacífica de Nariño, líderes sociales y organismos de control han advertido sobre la posible circulación de dádivas, dinero en efectivo, mercados y otros beneficios a cambio del voto, prácticas que constituyen delito y pueden acarrear penas de cárcel tanto para quien ofrece como para quien acepta.
“El voto no se vende, se defiende”, reiteraron fuentes gubernamentales al hacer un llamado directo a los nariñenses para que no se dejen tentar por ofrecimientos económicos o en especie. Recordaron que aceptar dinero o beneficios a cambio del sufragio también puede convertir al ciudadano en sujeto de investigación penal. Las sanciones contemplan multas económicas y penas privativas de la libertad que pueden superar varios años, dependiendo de la gravedad del caso.
Llamado a la denuncia
Asimismo, se invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier presión, amenaza o promesa de recompensa indebida relacionada con el proceso electoral. Las autoridades recalcaron que la participación activa de la comunidad es clave para blindar la democracia y evitar que intereses particulares distorsionen la decisión colectiva.
Organizaciones sociales del departamento respaldaron la medida y señalaron que la recompensa puede convertirse en una herramienta disuasiva frente a estructuras que históricamente han intentado manipular el voto en zonas apartadas. Sin embargo, insistieron en la necesidad de fortalecer la pedagogía electoral y la presencia institucional en los territorios más vulnerables.
Con esta estrategia, el Gobierno Nacional busca enviar un mensaje contundente: los delitos electorales no quedarán impunes. La invitación a los habitantes de Nariño es clara: denunciar, proteger su derecho al voto libre y rechazar cualquier intento de compra de conciencias. La transparencia electoral, concluyeron las autoridades, es una responsabilidad compartida que exige valentía y compromiso ciudadano.
Alerta de Mindefensa.
“Hay otros riesgos que tenemos y que son los que más probabilidad tienen de materializarse y generar mayor violencia, que son los asociados con los delitos electorales: la compra y venta de votos, la suplantación y también la desinformación” explicó el Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez, al término de una sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.
Esas denuncias podrán realizarse a través de la línea de transparencia 157. En 2023 esa estrategia fue muy efectiva, en medio de las elecciones a gobernadores alcaldes, diputados, concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales, pues en ese momento se ofrecieron hasta 20 millones de pesos.
«El aumento del monto de recompensas para las próximas elecciones legislativas y presidenciales dan cuenta del compromiso de la institucionalidad del país con blindar las votaciones y proteger al elector», explicó la cartera de Defensa.
