e sus territorios debido a condiciones de inseguridad que ponen en riesgo su integridad.
Más de 200 personas han sido desplazadas
De acuerdo con el reporte, al menos 219 personas, correspondientes a 81 familias, han tenido que abandonar sus hogares en municipios como Cumbitara, Barbacoas, Ricaurte y El Charco.
Estas comunidades se han visto obligadas a desplazarse hacia otras zonas en busca de protección, dejando atrás sus bienes, actividades económicas y entornos sociales.
Llamado a la atención institucional
Ante este panorama, el Consejo para los Refugiados hizo un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para atender de manera urgente a la población afectada y garantizar condiciones de seguridad que permitan evitar nuevos desplazamientos.
Asimismo, se insiste en la necesidad de brindar asistencia humanitaria integral a las familias afectadas, incluyendo alimentación, refugio y acceso a servicios básicos.
Impacto en las comunidades
La situación ha generado preocupación entre organizaciones sociales y líderes comunitarios, quienes advierten sobre el impacto que estos hechos tienen en la estabilidad de las comunidades y en el tejido social de la región.
Mientras tanto, se espera una respuesta oportuna por parte de las autoridades para mitigar la crisis y proteger a la población civil en los territorios afectados.
