La Red de Veedurías puso bajo sospecha una contratación de Ecopetrol por cerca de USD 2.000 millones en Barrancabermeja y atribuyó, con base en denuncias recibidas por la organización, la responsabilidad al vicepresidente Felipe Trujillo. El señalamiento combina tres ejes: la intención de firmar en plena Ley de Garantías, la duración inusual del negocio y alertas sobre presuntos movimientos económicos irregulares y vínculos indebidos con contratistas.
El dato que la organización presentó como más llamativo no fue solo el monto, sino el plazo previsto: el contrato se proyectaría por cinco años, con posibilidad de extenderse a ocho, para el mantenimiento de plantas de producción y refinerías de la LBCC en Barrancabermeja y para un plan de abastecimiento integral. Según el planteo de la red, esa estructura temporal refuerza las dudas sobre la oportunidad y el alcance de la adjudicación.
La organización agregó que las denuncias habrían llegado de personas que se presentan como trabajadores de la petrolera estatal y que también fueron remitidas a la línea de ética de la compañía. Esa información incluiría alertas sobre altas cifras de movimientos en efectivo que, según la organización, se habrían mantenido ocultas en la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Pablo Bustos, titular de la Red de Veedurías, llevó el caso ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Según expuso, la entidad decidió activar sus mecanismos de denuncia pública por considerar que los hechos deben ser examinados por autoridades de control y judiciales.
La denuncia pone el foco en el momento de la adjudicación y en la extensión del contrato
En su pronunciamiento sobre la estatal, Bustos definió el eje de la alerta con una imputación directa de responsabilidad política y administrativa. “La Red de Veedurías presenta una alerta pública respecto de Ecopetrol y, particularmente, en esta ocasión, respecto de una posible millonaria contratación en Barrancabermeja, a quien se atribuiría, conforme a denuncias recibidas por la Red de Veedurías, la responsabilidad al vicepresidente Downstream, Felipe Trujillo”, afirmó.
El abogado también detalló el objeto del negocio y el plazo contemplado en las denuncias recibidas por la organización. “Esos recursos tendrían como propósito hacer el mantenimiento de las plantas de producción y refinerías de la LBCC en Barrancabermeja. Además, un plan de abastecimiento que lo curioso es que se estarían proyectando inicialmente para cinco años con la posibilidad de extenderlo a ocho”, explicó.
La organización ubicó esas sospechas en una coyuntura específica: la vigencia de la Ley de Garantías, que se extiende hasta el 21 de junio de 2026 por la existencia de segunda vuelta presidencial en Colombia. A ese factor sumó la cercanía de un nuevo gobierno corporativo en la petrolera.
La Red de Veedurías afirmó que recibió reportes de trabajadores y activó denuncias ante autoridades
La denuncia pública también se apoya en el origen de la información. “Se trata de denuncias que inclusive han sido recibidas a través de trabajadores anónimos que han sido contestes y preocupados por la situación contractual de la entidad”, señaló Bustos.
En ese marco, el veedor explicó por qué decidió escalar el caso ante organismos de control. “Hemos defendido a Ecopetrol, pero cuando se deben prender las alarmas también activamos los protocolos de denuncia; nos han llegado los anónimos de quienes se presentan como trabajadores y es nuestro deber advertir los hechos ante las autoridades pertinentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar y a la opinión pública”, añadió.
La organización sostuvo que Ecopetrol enfrenta una coyuntura que exige mayor vigilancia sobre sus procesos internos. “Ecopetrol merece transparencia y más en la coyuntura electoral actual. Por tanto, la Red de Veedurías hace y presenta esta alerta”, concluyó.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta de Trujillo López, vicepresidente de refinación y procesos industriales de Ecopetrol, frente a los señalamientos expuestos por Bustos. El caso se suma al deterioro reputacional que afronta la empresa por los cuestionamientos que rodean a su presidente, Ricardo Roa, por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias.
*Denuncian mas irregularidades en Vicepresidencia de Ecopetrol*
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos: “no+ratas” (@redveeduriascol) June 2, 2026
– Esta vez el implicado es el vicepresidente Downstream Felipe Trujillo.
El vicepresidente de Ecopetrol, Felipe Trujillo, presuntamente aparece con múltiples alarmas en asuntos contractuales, relacionamiento… pic.twitter.com/0nAhBU7bGd
