El Decreto 0175, expedido bajo la figura de emergencia económica, incluye alivios para el sector agropecuario, como la condonación de créditos, pero también incorpora disposiciones que abren la puerta a una contratación estatal sin restricciones. La advertencia fue hecha por la senadora Angélica Lozano, quien calificó esta inclusión como “una perla” del Gobierno por modificar en silencio las reglas de la contratación pública.
La congresista señaló que el documento suprime los límites a las adiciones contractuales y deja sin efecto la Ley de Garantías, aun cuando el país atraviesa un periodo electoral. Si bien reconoció que la emergencia invernal requiere trámites ágiles, insistió en que la rapidez no debe traducirse en un “cheque en blanco” que facilite la politiquería. Para ella, el blindaje institucional —planes de inversión claros, responsables definidos y rendición de cuentas permanente— es indispensable.
El decreto autoriza a las entidades estatales a acudir a la contratación directa, facultándolas para adquirir bienes, servicios y logística sin procesos de selección competitivos. Esta modalidad, según expertos en contratación pública, disminuye la transparencia, favorece la discrecionalidad y elimina la competencia, factores que históricamente han incrementado el riesgo de corrupción y el uso ineficiente de los recursos.
La norma también elimina el tope legal del 50% para las adiciones contractuales, permitiendo aumentar el valor de contratos vigentes o nuevos sin los límites habituales. Además, determina que estos procesos solo deben cumplir con los requisitos mínimos previstos para contrataciones entre particulares y con artículos puntuales de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
Otro punto crítico es la excepción explícita a la Ley de Garantías, que normalmente restringe la contratación estatal durante los meses previos a elecciones para evitar ventajas indebidas. Bajo el marco del decreto, estas prohibiciones no aplicarían.
Aunque el Gobierno amplía sus facultades, la norma incorpora un mecanismo de control basado en la supervisión contractual. Los supervisores deberán certificar que cualquier modificación esté directamente relacionada con la atención de la emergencia y que se respeten los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva.
El debate ahora se concentra en cómo equilibrar la urgencia de actuar frente a la emergencia con los controles necesarios para evitar abusos en un contexto político altamente sensible.
