La Procuraduría General consideró preocupante el aumento de casos de violencia contra menores de edad e inició vigilancia a otros organismos encargados de brindar protección.
El estado de las cosas para los niños y las niñas en el país es grave. Cada vez hay más casos de abuso sexual, físico y psicológico, y lo más grave es que los abusadores suelen ser familiares cercanos.
La Procuraduría General demostró esta situación al declarar que se reforzó la supervisión de los organismos responsables de atender estos casos, establecer vías de atención y asegurar la protección de los derechos de la población infantil.
El organismo declaró que la violencia física, sexual y emocional contra las niñas y los niños en el país no cesa, un panorama alarmante.
Según el Ministerio Público, se activaron las alarmas debido a los casos recientes en Soacha, Cundinamarca, en los que se sospechó que un familiar abusó sexualmente a tres menores de edad.
En este caso, la comunidad intentó hacer justicia por su cuenta y linchar al sospechoso abusador, pero la pronta intervención de la Policía evitó que el hombre muriera a manos de sus vecinos. La Procuraduría solicitó un informe detallado del Secretario de Salud de Soacha y la Directora Regional ICBF (E) de Cundinamarca sobre el establecimiento de rutas de atención intersectorial y las acciones tomadas para ayudar a las víctimas.
El tribunal solicitó a la Directora Regional del ICBF en Vaupés que informe sobre el procedimiento administrativo y las medidas de protección implementadas en beneficio del menor de edad, quien fue acusado de abuso sexual por el diputado Felipe García, quien actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.
Mientras tanto, en el departamento de Cauca, la Procuraduría investiga las acciones de la Directora Regional ICBF (E) de Cauca, quien intervino y acompañó a la niña de 13 años víctima de extorsión y presunto abuso sexual en el barrio María Occidente en Popayán.
La Procuraduría «exhortó a la reflexión y a la acción de las autoridades para prevenir y enfrentar las situaciones de violencia que se vienen presentando contra niños, niñas y adolescentes y, reiterando la urgencia en la judicialización de los presuntos responsables de la comisión de delitos que atentan contra su dignidad».