Alerta penitenciaria municipal

La Organización de Sectores Penitenciarios (OSP), a través de su dirigente nacional Cristian
Ruiz y del representante seccional y departamental Hugo Piñeros, expresó públicamente su
inconformidad frente a la baja ejecución del Convenio Interadministrativo 2025 firmado entre la
Alcaldía de Acacías, encabezada por el coronel (r) Carlos Cajulio Plata Becerra, y el
establecimiento carcelario y penitenciario de mediana seguridad del municipio.
Preocupación
Según la organización, a la fecha el convenio registra apenas un 25 % de ejecución, cifra que
consideran alarmante por las implicaciones administrativas, legales y operativas que conlleva.
Para la OSP, esta situación no solo compromete el funcionamiento interno del centro
penitenciario, sino que también podría afectar la garantía de derechos básicos de las personas
privadas de la libertad en calidad de sindicados.
Los representantes sindicales recordaron que estos convenios no son facultativos, sino que
responden a obligaciones legales establecidas en la Ley 65 de 1993 , Código Penitenciario y
Carcelario, y en el Estatuto General de Contratación Pública. Asimismo, señalaron que la
Procuraduría General de la Nación, mediante la Directiva 002 del 30 de enero de 2026, reiteró
el deber de los entes territoriales de suscribir los acuerdos correspondientes o, en su defecto,
implementar cárceles municipales que asuman esta responsabilidad.
Comunidad
Desde un enfoque comunitario, la OSP advirtió que la baja ejecución del convenio trasciende el
ámbito penitenciario y tiene impacto directo en la seguridad ciudadana. De acuerdo con la
organización, la Policía Nacional no cuenta con infraestructura adecuada para albergar por
periodos prolongados a personas capturadas, lo que podría generar riesgos en materia de
orden público y sobrecarga institucional.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la comunidad de Acacías para que, dentro del
respeto por la legalidad y los mecanismos democráticos, acompañe la exigencia de
cumplimiento por parte de la administración municipal. “El adecuado funcionamiento
institucional y la seguridad del municipio son responsabilidades compartidas que no pueden
aplazarse”, señalaron los voceros, insistiendo en la necesidad de una pronta solución que
brinde tranquilidad tanto a funcionarios como a la ciudadanía.