Los 32 alcaldes del departamento de Nariño denunciaron el presunto incumplimiento del Gobierno Nacional luego de que altos funcionarios no asistieran a una reunión oficial en Bogotá en la que se esperaba dar explicaciones sobre los recientes recortes en las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) y su impacto en las finanzas municipales.
Los mandatarios locales habían citado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y a la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para discutir estos ajustes presupuestales que, según advirtieron, ponen en riesgo la inversión social en sectores esenciales como salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
En un pronunciamiento conjunto, los alcaldes expresaron su “profunda preocupación y rechazo” por lo que calificaron como una falta de respeto institucional y una ausencia de transparencia en la articulación fiscal entre el nivel central y los territorios. En ese marco, anunciaron que interpondrán las acciones legales pertinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con los municipios.
Los líderes territoriales hicieron hincapié en que los recortes presupuestales podrían obligar a reducir proyectos de inversión social mientras aumentan los gastos de funcionamiento, situación que podría llevar a superar el límite máximo permitido por ley y afectar la prestación de servicios públicos básicos.
Además, los mandatarios extendieron una invitación a otros alcaldes del país para participar en una movilización ciudadana programada para el lunes 26 de enero en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con el objetivo de visibilizar sus reclamos ante el Gobierno Nacional y buscar soluciones estructurales a la crisis fiscal que enfrentan las administraciones locales.
La controversia mantiene en tensión las relaciones entre el Ejecutivo central y los gobiernos locales del sur del país, en medio de llamados a reactivar el diálogo y garantizar equidad en la distribución de recursos públicos.
