Denuncia ante la Fiscalía señala al mandatario y a la secretaria de Gobierno por presuntas irregularidades en operativo minero que habría afectado maquinaria y derechos de titulares en la vereda San José.
Una nueva controversia sacude al municipio de Tópaga, en el centro del departamento de Boyacá, luego de que dos titulares mineros presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde José Juvenal Torres Cristancho y la secretaria de Gobierno, Andrea Carolina Hernández Chaparro, por presuntos hechos que califican como graves irregularidades en el ejercicio de la autoridad administrativa.
Los denunciantes, Julián Hernando Ríos Ramírez y Fabián Ricardo Fuentes Ríos, responsables de un título minero ubicado en el sector Peña de las Águilas, aseguran que la administración municipal habría ordenado la destrucción de maquinaria, campamentos y herramientas de trabajo utilizadas en la actividad minera. Según su versión, estas acciones se habrían realizado a pesar de que la operación contaba con licencia ambiental vigente, lo que consideran una vulneración directa a sus derechos laborales y económicos.
En la denuncia se señalan posibles delitos como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, fraude a resolución judicial, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, además de injuria y calumnia. Los hechos habrían ocurrido el 22 de septiembre de 2025, durante un operativo de intervención minera en la vereda San José, zona rural del municipio.
De acuerdo con el relato de los denunciantes, la Alcaldía habría justificado la intervención señalando el cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de una acción popular. Sin embargo, los mineros afirman que dicha decisión judicial no se encontraba en firme al momento del operativo, lo que, a su juicio, haría irregular la actuación adelantada por la administración local.
Este caso ha generado un nuevo debate en la región sobre los límites del ejercicio de la autoridad municipal frente a la actividad minera, especialmente en territorios donde esta constituye una de las principales fuentes económicas. Mientras avanza el proceso de investigación, será la Fiscalía la encargada de determinar si existió o no una extralimitación de funciones por parte de los funcionarios señalados.
Por ahora, el caso mantiene en tensión a las partes involucradas y reaviva la discusión sobre el equilibrio entre control institucional, legalidad ambiental y derechos de los trabajadores mineros en Boyacá.
