Plaza de Bolivar Tunja/Foto: Archivo particular
Boyacá continúa ubicándose entre los departamentos con mayores niveles de violencia de género en Colombia, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, construido a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación. Las cifras correspondientes al primer trimestre de 2026 encienden las alertas de autoridades locales, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores sociales, que advierten un panorama crítico y persistente.
El departamento registró una tasa de 1,22 feminicidios por cada 100.000 mujeres, lo que lo posiciona entre los territorios con mayor incidencia del país, solo superado por Guaviare. En total, a nivel nacional se reportaron 129 noticias criminales relacionadas con feminicidios, de las cuales 15 corresponden a casos consumados, 114 a tentativas y 11 a trans feminicidios. Estas cifras reflejan la gravedad del fenómeno y la dificultad de frenar su avance.
En materia de violencia intrafamiliar, el panorama es igualmente preocupante. Boyacá alcanzó una tasa de 47,93 casos por cada 100.000 mujeres entre enero y marzo de 2026, ubicándose como el tercer departamento con mayor incidencia, detrás de Vaupés y Guaviare. Esta tendencia no es aislada: en 2025 el territorio ocupó el segundo lugar nacional con una tasa de 152,94 casos, lo que evidencia una persistencia del problema en el tiempo.
A nivel nacional, la Fiscalía General de la Nación reportó 4.957 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en el mismo periodo analizado. Dentro de estas cifras, 618 víctimas eran menores de edad, lo que incrementa la preocupación por la vulnerabilidad de niñas y adolescentes. Además, se documentaron agresiones contra al menos 81 mujeres pertenecientes a poblaciones OSIGDH-LBT, mientras que en 941 casos no se especificó la edad de las víctimas.
Aunque Boyacá no encabeza los indicadores de delitos sexuales, los datos relacionados con feminicidio y violencia intrafamiliar evidencian una problemática estructural que afecta de manera directa la seguridad y bienestar de las mujeres en el departamento. Expertos señalan que la recurrencia de estos casos pone en cuestión la efectividad de las estrategias de prevención, así como la capacidad institucional para garantizar protección oportuna a las víctimas.
Frente a este escenario, organizaciones sociales insisten en la necesidad de fortalecer las rutas de atención, mejorar la articulación institucional y reforzar las campañas de prevención en los municipios, especialmente en zonas rurales donde el subregistro y el silencio social siguen siendo una constante.
