La crisis humanitaria en Nariño continúa agravándose debido al recrudecimiento del conflicto armado en varias zonas del departamento, donde más de 500 familias han sido víctimas de desplazamiento forzado durante los últimos tres meses.
Según reportes de organismos humanitarios y autoridades regionales, la situación afecta principalmente a municipios de la costa pacífica y zonas rurales donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y el control territorial.
Las familias desplazadas han tenido que abandonar sus hogares de manera repentina, dejando cultivos, animales y pertenencias para resguardarse en cabeceras municipales o refugios improvisados. Entre los afectados se encuentran numerosos niños, adultos mayores y comunidades indígenas y campesinas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que el incremento de amenazas, homicidios y enfrentamientos armados ha provocado confinamientos, desabastecimiento y graves dificultades para acceder a alimentos, salud y educación en varias comunidades del departamento.
Además, alcaldías y autoridades locales aseguran que la capacidad institucional resulta insuficiente para atender la magnitud de la emergencia humanitaria, especialmente en municipios pequeños que enfrentan limitaciones económicas y logísticas.
La Defensoría del Pueblo y diferentes organismos internacionales han reiterado llamados urgentes al Gobierno Nacional para fortalecer la respuesta humanitaria y garantizar protección a la población civil afectada por la violencia.
Nariño se mantiene como uno de los departamentos más golpeados por el desplazamiento forzado en Colombia, fenómeno que sigue impactando especialmente a comunidades rurales y étnicas en medio de la persistencia del conflicto armado.
