El país enfrenta una fuerte migración de ciudadanos y una profunda división política que representan retos inmediatos para quien asuma la presidencia en 2026. La próxima administración deberá reconstruir la confianza ciudadana y garantizar la seguridad, sin repetir errores del pasado. “Un colapso fiscal espera al próximo presidente”, advierte el medio británico.
“Colombia está ‘al borde del abismo’”, declara Vicky Dávila, candidata presidencial de derecha, en una de las frases más contundentes citadas por The Economist sobre el clima político actual. En un artículo titulado “¿Está Colombia al borde del abismo?”, se contraponen dos visiones opuestas: mientras Dávila describe un país en crisis, Gustavo Bolívar —aliado de Petro y también candidato presidencial— afirma que “los últimos seis meses han sido excelentes para la economía colombiana”.
El reconocido medio internacional señala que estas visiones enfrentadas reflejan una polarización profunda, en momentos en que el país debate sobre temas cruciales como la seguridad, la economía y la estabilidad de sus instituciones, todo en el marco de las próximas elecciones.
Según el análisis, la derecha y la izquierda presentan diagnósticos completamente distintos sobre el estado del país. The Economist afirma que los principales actores políticos parecen vivir en “realidades paralelas”: mientras Dávila advierte sobre un colapso inminente, Bolívar destaca cifras económicas alentadoras, como el repunte del turismo, el buen desempeño de la Bolsa de Valores y la reducción del desempleo y la inflación desde que Petro asumió el poder.
Panorama económico
Los últimos datos reflejan una recuperación económica tras dos años de estancamiento. Se estima un crecimiento del 2,4% para 2026, una cifra modesta pero superior al promedio regional:
- Desempleo: alcanzó el 8,8% en julio, el nivel más bajo para ese mes en casi 25 años.
- Bolsa de Valores: fue la cuarta de mejor rendimiento en el mundo durante el último año, con un aumento del 54% en moneda local.
- Turismo: el Gobierno promovió la llegada de 7 millones de visitantes en 2024, 2 millones más que en 2022.
- Inflación: se redujo a la mitad desde que Petro asumió la presidencia.
Sin embargo, The Economist aclara que estos logros tienen matices. Aunque Petro atribuye la disminución de la inflación a su gestión, sus presiones al Banco de la República generaron tensiones institucionales. Además, persisten problemas estructurales:
- Informalidad: alrededor del 60% de los trabajadores están en la economía informal, lo que afecta la productividad y reduce el recaudo fiscal.
- Inversión privada: sigue siendo limitada, lo que pone en duda la sostenibilidad del crecimiento.
- Exploración energética: la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas ahuyentó a inversionistas extranjeros.
- Reformas controvertidas: el aumento del salario mínimo —que equivale a más del 90% del salario promedio, el más alto en la OCDE— ha dificultado la contratación formal y podría estar impulsando la informalidad.
- Gasto público elevado: el déficit fiscal alcanzará el 7% del PIB este año, y la deuda pública superará el 60%. En junio, el Gobierno suspendió la regla fiscal por tres años, decisión cuestionada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
Según The Economist, “un desastre fiscal se avecina para el próximo presidente”. Aunque Bolívar e Iván Cepeda proponen recortar el gasto sin afectar los programas sociales, el análisis advierte que incluso un eventual gobierno de derecha podría verse obligado a aumentar los impuestos.
Seguridad y crisis institucional
En materia de orden público, las advertencias de la derecha se ven respaldadas por los hechos recientes. El asesinato del candidato Miguel Uribe en junio trajo a la memoria los tiempos más violentos del país. Atentados como un coche bomba en Cali o el derribo de un helicóptero policial dejaron al menos 20 muertos y más de 70 heridos. Además, múltiples secuestros de soldados por parte de grupos armados ocurrieron en el mismo periodo.
Estos acontecimientos revelan el fracaso de la política de “Paz Total”, promovida por Petro, que intentaba negociar simultáneamente con todos los grupos armados. “Si no tienes fuerza, no negocies”, afirma Sergio Fajardo, candidato de centro, citado por el medio.
The Economist expone datos alarmantes:
- Grupos armados ilegales: han crecido hasta unos 22.000 integrantes, un aumento del 45% respecto al inicio del mandato de Petro. Estos aprovecharon los ceses al fuego para fortalecerse.
- Desplazamiento forzado: la ONU estima que 230.000 personas fueron desplazadas recientemente; al menos un grupo armado tiene presencia en más de la mitad de los municipios del país.
- Extorsión y secuestros: entre 2021 y 2024, la extorsión aumentó un 50% y los secuestros, un 75%. En solo siete meses de 2024, los ataques a militares superaron las cifras anuales de la última década.
- Homicidios: con una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes, Colombia solo es superada por Ecuador en Sudamérica.
Cepeda admite que no son cifras para sentirse orgullosos, aunque las considera bajas comparadas con los peores años del conflicto.
Instituciones bajo presión
La crisis de seguridad va acompañada de un deterioro institucional. Petro ha denunciado lo que llama un “bloqueo institucional” y ha sugerido convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Su estilo de gobierno, marcado por constantes cambios en el gabinete (un ministro nuevo cada 20 días, en promedio), ha generado desorientación y desconfianza dentro de la administración pública.
El presidente también ha sido crítico con el Banco de la República, al que acusó de frenar el crecimiento por motivos políticos y de buscar desfinanciar al Gobierno.
Además, las tensiones con el Congreso y la Corte Suprema han sido constantes. Cuando el Senado bloqueó una reforma laboral, Petro amenazó con someterla a referéndum, lo que llevó a la Cámara a aprobarla. Tanto él como su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, han sugerido que una asamblea constituyente podría realizarse sin aprobación del Congreso, basándose en el “clamor popular”.
Uno de los episodios más graves ocurrió en febrero de 2024, cuando una disputa con la Corte Suprema por la elección del fiscal general desembocó en manifestaciones convocadas por Petro. El tribunal fue rodeado por manifestantes y los magistrados quedaron atrapados durante horas, hasta que el presidente ordenó su liberación. El Gobierno niega haber promovido este cerco.
¿Hay esperanza?
A pesar del panorama crítico, The Economist reconoce que las instituciones colombianas conservan cierto nivel de resistencia. Incluso algunos detractores de Petro reconocen que muchas de sus declaraciones tienen más valor simbólico que efecto práctico. La Constitución impide su reelección, y los candidatos de izquierda para 2026 se perciben como figuras más moderadas.
Sin embargo, la salida de ciudadanos es una señal clara del malestar social: cerca de un millón de personas dejaron Colombia en los últimos tres años, el doble de quienes emigraron antes de la pandemia.
En este contexto, quien asuma la presidencia en 2026 enfrentará un triple desafío: restablecer la confianza pública, dinamizar la economía y garantizar la seguridad, en un país que, según The Economist, aún no ha caído al abismo, pero que exige respuestas urgentes.