Por Javier Recalde
En enero de 2026, gobernaciones y alcaldías enfrentan una de las mayores restricciones presupuestales de la última década. Los recortes en transferencias nacionales, especialmente del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Sistema General de Regalías, que han generado un efecto dominó que compromete servicios esenciales: el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la salud en régimen subsidiado y la inversión en infraestructura local.
Según el Ministerio de Hacienda, las transferencias a entidades territoriales para 2026 se redujeron en promedio un 8,3 % real, frente a 2025, tras ajustes por inflación y cambios en la fórmula de distribución. Esto equivale a una merma de más de $7 billones, recursos que antes llegaban directamente a municipios y departamentos. Muchos alcaldes no solo congelan proyectos, sino que recortan gastos operativos: desde nóminas de docentes rurales hasta contratación de personal de salud.
El PAE, que atiende a más de 4,2 millones de niños, ya registra retrasos en pagos a proveedores en al menos 12 departamentos. En el sur, donde la pobreza multidimensional supera el 35 %, este programa no es un lujo, sino una red contra la desnutrición y la deserción escolar. Sin embargo, con menos recursos del SGP para educación, muchas secretarías priorizan salarios sobre insumos, dejando a miles de estudiantes sin su ración diaria.
En salud, la crisis es igual de grave. El régimen subsidiado depende en un 70 % de transferencias nacionales, y los recortes limitan la renovación de contratos con EPS o la compra de medicamentos. En regiones como Nariño o Putumayo, donde el acceso a servicios es difícil, estos ajustes son humanamente devastadores.
Peor aún, al reducirse la inversión, los gobiernos locales pierden autonomía para diseñar soluciones acordes a sus realidades. “La descentralización pilar de la Constitución de 1991 se debilita cuando el nivel nacional impone límites fiscales sin considerar las disparidades territoriales”.
Aquí surge una reflexión incómoda: mientras los territorios sufren ajustes draconianos, el Gobierno Nacional mantiene una burocracia hinchada y un gasto corriente desbordado. Según la Contraloría, entre 2022 y 2025 el número de entidades administrativas del orden nacional creció un 12 %, y el gasto en consultorías, viajes oficiales y nómina de altos funcionarios superó los $20 billones anuales. ¿Cómo explicarle a un maestro rural que su salario está en riesgo, mientras en Bogotá proliferan viceministerios con funciones superpuestas y contratos opacos?
El Gobierno justifica estos recortes como necesarios para contener el déficit y cumplir metas del FMI. Pero la austeridad no puede traducirse en abandono selectivo. Exigir eficiencia en el gasto local es válido, pero también es urgente reconocer que los territorios no son simples ejecutores de políticas centralizadas, sino actores clave en la construcción de equidad.
La verdadera pregunta no es cuánto se gasta, sino “QUÉ PAÍS QUEREMOS”: ¿uno guiado solo por cifras macroeconómicas, o uno cuyo presupuesto refleje compromiso con la vida cotidiana de millones de colombianos? La respuesta definirá no solo el 2026, sino el futuro de la gobernanza territorial en Colombia.
Por: Javier Recalde Martínez.
