El mandatario ecuatoriano señala una movilización de grupos irregulares por la frontera norte, mientras Bogotá rechaza las acusaciones calificándolas de calumnias y propone un encuentro bilateral para gestionar la seguridad fronteriza.
La relación bilateral entre Colombia y Ecuador ha alcanzado su punto de mayor fragilidad tras las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa. A través de sus canales oficiales, el mandatario ecuatoriano denunció una presunta incursión de guerrilleros colombianos en territorio soberano, señalando directamente al gobierno de Gustavo Petro de incentivar estos movimientos. Sin ofrecer detalles específicos sobre la ubicación o pruebas materiales de la incursión, Noboa instó a su homólogo a centrarse en la política interna de su país en lugar de, según sus palabras, exportar conflictos a las naciones vecinas.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió de manera inmediata desestimando las acusaciones y calificándolas como una serie de falsedades. El jefe de Estado colombiano argumentó que los grupos que operan en la zona fronteriza son organizaciones dedicadas al narcotráfico y no estructuras con fines políticos impulsadas por su administración. Como medida para rebajar la tensión, Petro invitó a Noboa a una reunión en la zona de frontera para establecer una hoja de ruta conjunta que permita pacificar los territorios compartidos y combatir de manera efectiva las economías ilícitas.
Este nuevo choque se produce en un escenario de deterioro progresivo que comenzó en la esfera comercial. Desde principios de año, ambos países se han enfrascado en una escalada de aranceles que ha llegado al 100% para diversos productos, afectando el intercambio económico regional. Noboa justifica estas medidas como una respuesta a lo que considera una vigilancia insuficiente por parte de Colombia ante el flujo de cocaína, mientras que Bogotá interpreta las acciones ecuatorianas como una ruptura unilateral de los acuerdos de integración andina.
Mientras las contradicciones entre los mandatarios se agudiza, la situación en la frontera común sigue siendo compleja. La presencia de grupos disidentes de las antiguas FARC, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, continúa afectando a las comunidades locales mediante el narcotráfico y la minería ilegal. Expertos coinciden en que, más allá de la confrontación política, la crisis de violencia que atraviesa Ecuador —con tasas de homicidios históricas— requiere de una cooperación transfronteriza efectiva y de un abordaje integral de las causas sociales que permiten el arraigo de estas organizaciones en la región.
