La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de despojo de tierras, amenazas e intimidaciones contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria. El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Juan Felipe Harman, quien expresó su preocupación por el incremento de estos hechos de violencia, especialmente después de las recientes elecciones, y advirtió sobre el riesgo de que se produzcan nuevos desplazamientos forzados si no se adoptan medidas oportunas de protección.
Según explicó el funcionario, las denuncias buscan alertar a las autoridades sobre un posible patrón de violencia que estaría afectando a familias campesinas asentadas en predios recuperados por el Estado y entregados dentro del proceso de reforma agraria. Harman aseguró que la ANT continuará desarrollando los procesos de formalización y adjudicación de tierras durante el empalme de gobierno, al tiempo que mantendrá el acompañamiento a las comunidades beneficiarias.
Amenazas
El director de la Agencia señaló que la entidad ha identificado múltiples amenazas en fincas recuperadas para la reforma agraria ubicadas en departamentos como Córdoba, Meta y zonas del Magdalena Medio. De acuerdo con la información recopilada por la ANT, en varios de estos predios grupos armados o personas señaladas por la entidad estarían intimidando a los campesinos para obligarlos a abandonar las tierras adjudicadas por el Estado.
Durante su pronunciamiento, Harman manifestó que en menos de una semana se registraron amenazas en más de seis fincas vinculadas a la reforma agraria. Asimismo, indicó que la información entregada a la Fiscalía incluye la identificación de varios presuntos responsables, entre ellos personas conocidas con los alias de «Don Julio» y «Gina», además de un hombre de apellido Meyendorff, quienes, según las denuncias presentadas por la ANT, estarían relacionados con hechos de intimidación en diferentes regiones del país. El director aclaró que será la Fiscalía la encargada de adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Casos
Entre los casos expuestos se encuentra el ocurrido en Puerto Boyacá y La Dorada, donde, según la denuncia, campesinos habrían recibido advertencias para abandonar los predios. También se reportaron hechos similares en Córdoba y en el municipio de Puerto López, Meta, donde la Agencia aseguró que algunos beneficiarios fueron golpeados y heridos con armas de fuego por hombres armados que ingresaron a las propiedades recuperadas por el Estado.
La Agencia Nacional de Tierras también recordó el ataque registrado el 25 de junio en la vereda Nare, en Puerto López (Meta), donde una familia campesina beneficiaria del programa de acceso a tierras fue víctima de agresiones por parte de hombres armados. Según la entidad, los atacantes golpearon a los integrantes del hogar, incluida una menor de edad, destruyeron bienes, quemaron pertenencias y afectaron los medios de subsistencia de la familia.
Además de estos hechos, la ANT denunció amenazas de muerte contra campesinos beneficiarios de la Hacienda La Palmira, en Córdoba, así como intimidaciones dirigidas al consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, y amenazas contra un contratista de la entidad en Antioquia. De acuerdo con la Agencia, estos últimos hechos habrían sido atribuidos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
LLamado
Harman hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Fiscalía y a las demás instituciones del Estado para reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de las familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria. El funcionario afirmó que estos casos deben superar cualquier diferencia política y enfatizó que no se puede permitir que personas armadas continúen intimidando a quienes han recibido tierras a través de los programas estatales.
Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras reiteró su compromiso con la implementación de la reforma agraria y sostuvo que continuará acompañando a las comunidades rurales mientras avanzan los procesos de acceso y formalización de tierras. La entidad considera que los recientes hechos de violencia podrían formar parte de una estrategia para frenar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo Final de Paz, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y garantizar la seguridad de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes en los territorios.
