Sigue muy activo el debate sobre si la polarización política impacta el desempeño económico del país y la confianza de los inversionistas. Establecer una relación causal directa no es sencillo, y el pulso entre ideas es parte natural de cualquier democracia.
En el contexto actual, a ninguna economía emergente le resulta fácil navegar en las turbulentas aguas de la economía global. La guerra comercial ha adquirido una intensidad capaz de desarticular cadenas de valor del comercio internacional. Un ejemplo fue el caso de Huawei, la empresa china a la que se le cortó de manera abrupta el acceso a proveedores, aunque posteriormente se aclaró que la medida no estaba en firme. Situaciones similares podrían extenderse a bienes menos sofisticados, con efectos en diversas economías. A esto se suma la caída de las bolsas alrededor del mundo y la depreciación de múltiples monedas, como reacción a noticias adversas para las empresas. Aún está por verse el impacto real de este escenario sobre el crecimiento económico global.
En medio de este panorama incierto, la economía colombiana ha mostrado un desempeño aceptable. Con un crecimiento del 2,8 % anual en el primer trimestre, se ubica por encima del promedio regional, y mantiene una inflación controlada dentro del rango meta (2 %–4 %) definido por el Banco de la República. Sin embargo, un foco de preocupación es el aumento del déficit en cuenta corriente, que podría alcanzar el 4,3 % este año, lo que refleja que el país gasta más de lo que produce, una brecha que debe ser financiada y, al mismo tiempo, corregida.
Por ahora, la necesidad de financiamiento externo no ha representado un obstáculo significativo. Los mercados internacionales continúan percibiendo a Colombia como una economía con fundamentos sólidos, un manejo relativamente adecuado de su política económica y un marco institucional estable. En ese sentido, no se esperan mayores dificultades, incluso pese a los recientes cambios en la calificación de riesgo. Desde el exterior, el país aún conserva una buena imagen.
Resulta poco probable que una economía con estas características se vea seriamente afectada solo por el aumento en el tono de la confrontación política o por la aceleración de los acontecimientos internos. Los riesgos más relevantes provienen de factores externos, como la evolución del precio del petróleo o la intensificación de la guerra comercial. Los retos internos, por su parte, son sobre todo de mediano plazo —corregir el desequilibrio fiscal— y de largo plazo —incrementar el potencial productivo—.
Cabe señalar que los estudios que han intentado probar una relación directa entre polarización política y desempeño económico no han logrado resultados concluyentes. Una de las principales dificultades es definir y medir con precisión el concepto mismo de polarización. Algunas aproximaciones utilizan encuestas de expectativas de hogares y empresas, aunque estas no logran aislar con claridad el componente estrictamente político. Tampoco está del todo claro cómo esa polarización, medida de una u otra manera, se traduce en decisiones de consumo o inversión que impacten al conjunto de la economía.
Lo verdaderamente preocupante es que, en medio de esta discusión, se haya puesto en entredicho a una institución que debería permanecer al margen de la confrontación política: el Banco de la República. Esta entidad, cuya autonomía técnica fue uno de los grandes legados de la Constitución de 1991, debe ser protegida y preservada. Su independencia es garantía de una política monetaria sólida y constituye, junto con la política fiscal, uno de los pilares de la estabilidad económica. Solo si el debate político llega a afectar al Emisor podría verse comprometida la confianza y el desempeño económico. Y esa sí sería una mala idea, especialmente en un entorno internacional ya de por sí adverso.