La Alcaldía de Tunja deberá responder en un plazo de tres días a un derecho de petición relacionado con el empréstito por 93.000 millones de pesos, luego de que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías admitiera una acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
La acción judicial fue interpuesta por Leonardo Quintero, quien actúa en nombre propio y como representante de la Veeduría Ciudadana “Todo por Tunja, Control Ciudadano”, en contra de la Administración Municipal, específicamente a través del Departamento Administrativo de Hacienda Pública. El proceso es conocido por el juez Álvaro Andrés Páez Uribe.
De acuerdo con el accionante, la Alcaldía no habría emitido una respuesta de fondo a una solicitud formal en la que se pedía información detallada sobre la ejecución del empréstito aprobado mediante el Acuerdo Municipal 032 de 2020. Dicho endeudamiento fue destinado a la financiación de 18 proyectos de inversión en distintos sectores de la ciudad.
La petición ciudadana buscaba esclarecer aspectos clave del manejo de los recursos públicos, entre ellos el estado de avance de las obras ejecutadas, el monto total efectivamente invertido, los recursos que aún no han sido ejecutados, el valor cancelado por concepto de intereses y la situación actual de los dineros que permanecen en cuentas oficiales del municipio.
En el auto de admisión, el despacho judicial ordenó a la Alcaldía de Tunja rendir un informe detallado dentro del término de tres días contados a partir de la notificación oficial. El juez advirtió que el incumplimiento de esta orden podría acarrear las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991, norma que regula la acción de tutela en Colombia.
Asimismo, el despacho dispuso el envío de copias del expediente a los organismos de control competentes, con el fin de que se evalúen posibles actuaciones disciplinarias frente al manejo de la información solicitada.
Este proceso judicial reabre el debate ciudadano sobre la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y el acceso oportuno a la información por parte de la administración municipal, especialmente en lo relacionado con proyectos financiados mediante endeudamiento público de gran magnitud.
