La decisión judicial responde a una demanda interpuesta por los ciudadanos Yesid Figueroa y Faddia Ávila Castellanos, quienes señalaron la ausencia de programas efectivos para el manejo de la fauna callejera en el municipio. A partir de esta admisión, el despacho administrativo analizará si existe vulneración de derechos colectivos relacionados con la protección del medio ambiente y el bienestar animal.
Entre las pretensiones que serán evaluadas en el proceso se encuentra la obligación del municipio de diseñar y adoptar una política pública de protección animal, así como la realización de un censo detallado de perros y gatos en condición de abandono, con el fin de dimensionar la problemática y orientar acciones institucionales.
La acción popular también solicita que el municipio adquiera un predio para la construcción de un albergue, coso municipal o centro de bienestar animal, que cuente con los estudios técnicos, diseños y ejecución de obra necesarios para garantizar un espacio adecuado. De manera transitoria, se plantea la suscripción de convenios interadministrativos que permitan la prestación temporal de servicios de albergue mientras se materializa la infraestructura definitiva.
En materia de salud pública y control poblacional, la demanda pide que se ordene la esterilización de la totalidad de los animales en condición de calle mediante un programa bimensual, acompañado de estrategias de adopción. Adicionalmente, se solicita la adquisición de una unidad móvil de atención veterinaria, el apoyo a fundaciones y refugios existentes, y la implementación de campañas pedagógicas orientadas a la tenencia responsable y la cultura ciudadana.
