El dirigente Carlos Hualpa, niega de interferir en las acciones de la corporación que busca el reconocimiento del Ministerio del Interior.
El concejal indígena Carlos Hualapa salió al paso de los señalamientos que lo vinculan con las dificultades administrativas que enfrenta la nueva corporación del resguardo indígena, encabeza del gobernador Marcelino Pitacuar.
El cabildante, elegido por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), fue enfático en aclarar que no ha tenido ningún tipo de participación en los trámites que actualmente se encuentran en revisión ante el Ministerio del Interior.
Según explicó, el proceso de registro oficial del cabildo corresponde exclusivamente a las autoridades electas y a las instancias competentes, por lo que rechazó cualquier intento de responsabilizarlo por la situación.
“No tengo velas en ese entierro”, manifestó Hualapa, al tiempo que aseguró desconocer los motivos específicos que han impedido la formalización jurídica de la nueva autoridad indígena.
El concejal insistió en que su rol como representante político no incluye injerencia en los procedimientos administrativos internos del cabildo.
Pronunciamiento
Durante su pronunciamiento, Hualapa aprovechó para hacer un llamado a la reflexión sobre los procesos electorales al interior de las comunidades indígenas. Consideró que los actuales inconvenientes evidencian vacíos que deben corregirse para evitar conflictos posteriores a las elecciones.
En ese sentido, propuso que se fortalezcan los filtros previos para quienes aspiren a cargos de autoridad indígena. Entre las medidas sugeridas, planteó exigir con antelación certificados de antecedentes penales y disciplinarios a los candidatos.
A su juicio, este requisito permitiría prevenir bloqueos legales o administrativos una vez conformadas las corporaciones. El concejal señaló que la falta de previsión termina generando desgaste institucional y afecta la gobernabilidad comunitaria.
Advertencias
Hualapa, advirtió que la no inscripción oficial del cabildo ante el Ministerio del Interior no es un asunto menor. Según explicó, esta situación tiene repercusiones directas sobre las comunidades indígenas que dependen de la gestión de sus autoridades.
Entre las afectaciones mencionó posibles retrasos en trámites de salud, acceso a programas sociales como Familias en Acción y procesos de educación superior. También alertó sobre el riesgo de frenar la ejecución de proyectos comunitarios que deben desarrollarse dentro del periodo administrativo vigente.
El concejal recalcó que, sin reconocimiento legal, las autoridades no pueden ejercer plenamente sus funciones. Finalmente, hizo un llamado a priorizar la legalidad, la transparencia y la agilidad institucional. Para Hualapa, garantizar procesos claros y oportunos es fundamental para que los pueblos indígenas cuenten con autoridades legítimas y operativas.
Carlos Hualapa, concejal.
