La concejala de Sogamoso, Helena Sofía Figueroa Cogollos, fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Sogamoso por un presunto caso de tráfico de influencias que ya genera controversia en el ámbito político local y departamental. De acuerdo con el documento de denuncia, durante el año 2026 el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Boyacá habría suscrito al menos cuatro contratos de prestación de servicios con personas identificadas con el apellido Patiño Figueroa, quienes, según el denunciante, serían hijos de la cabildante. Estos contratos habrían sido firmados por quien se desempeñaba como director regional de la entidad, Ramón Anselmo Vargas López.
El caso tomó relevancia debido a que, según lo expuesto en la denuncia, existiría una posible relación directa entre la posición política de la concejala y la vinculación contractual de sus familiares con la entidad pública. Este tipo de situaciones, de ser comprobadas, podrían constituir una falta disciplinaria e incluso un delito, al configurarse un eventual uso indebido de influencias para favorecer intereses particulares.
Otro de los elementos señalados como clave en la denuncia es la posterior salida del cargo del entonces director regional del SENA, hecho que ha sido mencionado en fuentes periodísticas públicas y que, según el documento, podría estar relacionado con las decisiones administrativas tomadas durante su gestión. No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme dicha relación. Las autoridades competentes deberán ahora evaluar las pruebas aportadas y determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. Entre tanto, se espera un pronunciamiento por parte de la concejala Helena Sofía Figueroa Cogollos, así como de los organismos de control, con el fin de esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades. Este caso se suma a otras denuncias que han puesto bajo la lupa la transparencia en la contratación pública, especialmente en entidades de carácter regional, donde los vínculos políticos y familiares continúan siendo objeto de debate y vigilancia ciudadana.
